Los suscritos, en su
carácter de integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, párrafo 1, fracción I, y 77 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía
iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad Republicana,
al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Ley de Austeridad
Republicana que se propone tiene como objetivo central la aplicación de una
política de austeridad no de un gobierno, sino de Estado, para reducir de
manera sostenida el costo de la administración pública, en beneficio de la
sociedad.
Partimos de la
convicción de que el gobierno y sus funcionarios deben servir a la sociedad y
no servirse de ella. Este concepto es el planteamiento central que inspira esta
propuesta que racionaliza el gasto con un propósito de beneficio para las
mayorías. No queremos que se considere que es sólo una entelequia, como suele
entenderse la racionalización del gasto en términos macroeconómicos.
Esta propuesta busca
generar un marco legal que promueva la austeridad republicana. Que el
presupuesto se distribuya con justicia, donde los ahorros generados por la
aplicación de la presente ley se concentrarán en un fondo especial que se
destinará a educación, salud e inversión pública productiva nacional.
De acuerdo con los
análisis que hemos realizado del presupuesto actual, en una primera etapa, la
aplicación de la Ley de Austeridad Republicana permitiría ahorrar 450 mil
millones de pesos, sin afectar en lo más mínimo las funciones sustantivas del
gobierno. Esa cantidad se obtendría básicamente con la reducción a la mitad de
los salarios de los altos funcionarios públicos y con la eliminación o
reducción de los gastos superfluos del gobierno.
No es sólo una
preocupación de Morena. En México, la racionalización del gasto es una
preocupación de la sociedad. La diferencia entre lo que propone Morena y lo que
hace el gobierno está en los renglones que afectan a unos y otros: el gobierno
aumenta impuestos, castiga los programas sociales y la inversión productiva,
generando más desigualdad y pobreza; Morena propone ahorros y disminuir los
elevados salarios y prebendas de la alta burocracia.
Frente a la baja en los
ingresos petroleros y el riesgo de aumentos en las tasas de interés en Estados
Unidos, el secretario de Hacienda y Crédito Público ha insistido en la
necesidad de reducir el gasto. En los primeros meses de 2015 anunció un recorte
de 124 mil millones de pesos, que afectó principalmente a Pemex y a la CFE.
Posteriormente, se anunció otro ajuste de 135 mil millones de pesos para 2016,
en decisiones reactivas con alto costo social, que no obedecen a una cultura de
racionalidad.
Propuesta responsable de
reducción de gasto
En contraste, Morena se
ha propuesta promover el ahorro sobre todo en los sueldos y prestaciones de los
altos funcionarios. Hay que tener en cuenta que desde el año 2000,
prácticamente se duplicó el monto del presupuesto público federal en México. En
estos años, el gasto gubernamental ha crecido a tasas reales de alrededor de 4
por ciento anual, un ritmo mucho más acelerado de lo que creció la propia
economía.
Desgraciadamente, ese
rápido aumento del presupuesto no se reflejó en un incremento semejante de la
inversión pública en infraestructura, propiciando rezagos en la calidad de los
servicios públicos De hecho, durante este año se va a registrar uno de los
niveles más bajos de la inversión pública de la historia, en relación con el
presupuesto.
Mientras que en 2012 el
gasto corriente era equivalente a 15.3 por ciento del producto interno bruto
(PIB), para 2014 ya fue de 16.87. Eso, y los efectos recesivos de la reforma
fiscal, explica parte del lento crecimiento económico del país.
Está claro que el aumento
de los recursos presupuestarios no se utilizó para mejorar ni los servicios ni
los programas sociales, como lo demuestran los crecientes índices de
desigualdad y de pobreza.
Hoy se puede afirmar que
la riqueza petrolera fue dilapidada debido a la orientación y al ineficiente
ejercicio del gasto público, el cual se desarrolla de manera poco transparente
y no puede ser debidamente vigilado por la sociedad.
Por otro lado, en los
años recientes, desde la crisis de 2009, la deuda pública de la administración
federal se ha incrementado, lo que ya representa un riesgo para la estabilidad
de nuestra economía.
Ahora la situación se ha
complicado. Es mentira que las finanzas públicas de México sean sanas, como lo
afirman los funcionarios públicos. Las finanzas del gobierno federal se han
visto muy afectadas por la caída de los ingresos petroleros. Ahora, en 2015 y
previsiblemente en 2016, los recursos que aportará el petróleo no serán
suficientes para financiar el desarrollo con estabilidad.
Por esa razón, para
mantener su nivel de gasto el gobierno ha recurrido al déficit, lo que ha
obligado a la colocación de deuda pública. Se estima que para este año el
déficit del balance público del gobierno mexicano será superior a 121 mil
millones de pesos, tres veces más grande que el de 2014. Debido a lo anterior,
el costo financiero de la deuda creció en más de 31 por ciento en un solo año y
los requerimientos financieros del sector público alcanzaron 47 por ciento del
PIB. Cabe recordar que apenas en 2007 esos requerimientos fueron de sólo 29.3
por ciento del PIB.
Ante el escenario
internacional adverso y en ausencia de instituciones económicas sólidas, para
2016 es inminente un recorte del gasto público con respecto al presupuesto de
2015.
En este momento, la
economía nacional padece las consecuencias de las equivocadas políticas
económicas de los últimos años. Cuando se tuvieron ingresos extraordinarios por
los altos precios del petróleo las últimas administraciones gubernamentales los
derrocharon. Ahora que no cuentan con los recursos proporcionados por el
petróleo, sólo piensan en recortar inversión y gasto social.
Por ejemplo, 58 por
ciento del recorte anunciado a principios de 2015 repercutió en la inversión de
Pemex y la CFE. Lo anterior ha contribuido a la caída de la plataforma
petrolera y explica las deficiencias en el servicio eléctrico que a diario
experimentan los mexicanos.
Las empresas estatales
han cargado con los mayores costos de las malas decisiones financieras del
país. Pero también los programas sociales, como el de 65 y Más, cuyo
presupuesto fue recortado con respecto al aprobado por esta Cámara de Diputados.
Además, contra lo que
sería recomendable, en 2015 el crecimiento del gasto corriente fue de 7.7 por
ciento respecto al del año pasado, el cual no se ha ejercido con transparencia.
Destacan casos de opacidad, como el concepto “Otros gastos de operación”, que
creció más de 18 por ciento.
Por eso, Morena
considera que se trata justamente de aplicar una política contraria a la
impulsada por el gobierno federal.
Para no afectar la
calidad de vida de los mexicanos, la disminución de los recursos presupuestales
tiene que enfocarse en el gasto corriente no prioritario para la administración
pública.
No se deben afectar los
programas sociales y los servicios públicos y tampoco podemos reducir la
inversión en infraestructura, que es la que puede ayudar a impulsar la economía
nacional. Asimismo, no es posible incrementar los impuestos en un contexto de
estancamiento económico.
De hecho, se requiere
rectificar buena parte de la reforma económica acordada en el Pacto por México.
Definitivamente, es
necesario enfocar el recorte en el gasto de administración del gobierno
federal, en la necesidad de ahorrar y eliminar gastos que no se justifican o
que es posible reducir si se combate la corrupción y se toman medidas de
racionalidad y eficiencia.
En esa línea, es importante
insistir en que es posible recortar gastos como, por ejemplo, el oneroso
contrato del avión presidencial. También se pueden reducir las compras de
vehículos terrestres y aéreos para el personal administrativo del gobierno.
Haciendo caso a un reclamo de la sociedad, es posible y necesario ajustar los
salarios de los altos funcionarios, así como eliminar prestaciones como el del
seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizada, los
gastos de representación y las pensiones de los ex presidentes.
También se pueden
reducir a la mitad las prerrogativas de los partidos políticos, las
subvenciones a los grupos parlamentarios y las prebendas de los altos
funcionarios del Poder Judicial. Algo que es particularmente urgente, es el
ajuste en el gasto de comunicación social. Sólo en 2014, el total ejercido fue
de 7 mil millones de pesos, 5 mil millones de pesos más de lo aprobado por la
Cámara de Diputados.
Por esa razón, el Grupo
Parlamentario de Morena presenta la iniciativa de Ley de Austeridad
Republicana, una propuesta responsable que consiste en detener este tipo de
abusos a la hacienda nacional y reorientar el gasto a atender los servicios
sociales y a la inversión.
Como consecuencia de la
aplicación de las disposiciones de esta iniciativa, sería posible obtener un
ahorro del gasto de alrededor de 450 mil millones de pesos, todos ellos en
renglones del gasto corriente distintos a los programas de apoyo social. Dicho
ajuste obligaría a una racionalización de los rubros de gasto no prioritarios y
permitiría mantener los niveles de inversión pública proyectados para 2016 e
incluso incrementarlos.
La Ley de Austeridad
Republicana, propuesta de reducción responsable y sostenible del gasto no
prioritario
La propuesta toma como
base el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 2015, más el
efecto de la inflación. En Morena consideramos que esta propuesta puede ser la
base para lo que debería ser un ajuste presupuestal responsable para el 2016,
en que las reducciones se concentrarán en el gasto corriente y no en el de
inversión.
Cuadro 1. Resumen de la
propuesta por capítulo de gasto.
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Cuadro 2. Recorte
adicional al Instituto Federal Electoral y al Poder Legislativo.
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La suma de estos dos
cuadros supera 450 mil millones de pesos, recursos suficientes para mantener el
gasto social y las inversiones necesarias para enfrentar la crisis por la caída
de los ingresos petroleros y garantizar el desarrollo productivo del país.
Detalle por partida
Capítulo 1000
1100, “Remuneraciones al
personal de carácter permanente”; y 1200, “Remuneraciones al personal de
carácter transitorio”. En total, en estas dos partidas se pueden
ahorrar 30 mil 946 millones de pesos de pesos en 2016, proporcionados por una
reducción de 50 por ciento en los ingresos de la alta burocracia, que
representa 30 por ciento de la nómina.
1300, “Remuneraciones
adicionales y especiales”. Ahorro de 62 mil 524 millones de pesos por
la disminución de 37 por ciento en gratificaciones, compensaciones y primas de
la alta burocracia.
1400, “Seguridad
social”. Ahorro de 5 mil 12 millones de pesos gracias a una reducción de 5 por
ciento en la partida por gastos de seguros médicos y de retiro sólo de la alta
burocracia.
1500, “Otras
prestaciones sociales y económicas”. Ahorro de 112 mil 521 millones de pesos,
aportado por una reducción de 43 por ciento del total de la partida, debido a
que este concepto rebasa la sumatoria de los ingresos por remuneraciones de
carácter transitorio y permanente.
1600, “Previsiones”. En este renglón se
obtiene un ahorro por 3 mil 539 millones de pesos, debido a una reducción de 15
por ciento del total de la partida en que consideran nuevas plazas de altos
funcionarios e incrementos en sus percepciones.
1700, “Pago de estímulos
a servidores públicos”. Se generan disponibilidades por 10 mil 630
millones de pesos de ahorro por concepto de recorte a los estímulos de la alta
burocracia.
Capítulo 2000
2100, “Materiales de
administración, emisión de documentos y artículos oficiales”. Se obtendrán ahorros por
7 mil 436 millones de pesos por ajustes en las partidas destinadas a papelería
y equipos de oficina.
2200, “Alimentos y
utensilios”. Aporta recursos por 2 mil 199 millones de pesos de ahorro que se puede
realizar sin afectar el gasto destinado a Fuerzas Armadas, reclusorios,
seguridad pública y unidades de salud.
2300, “Materias primas y
materiales de producción y comercialización”. Se producen ahorros por
7 mil 826 millones pesos, por considerar un ajuste de 25 por ciento en la
partida por adquisición de papel, cartón, e impresos, entre otros.
2400, “Materiales y
artículos de construcción y de reparación”. Se obtienen mil 215
millones de pesos, equivalentes a un ajuste de 20 por ciento de la partida por
la cancelación de remodelación y adecuación de oficinas.
2500, “Productos
químicos, farmacéuticos y de laboratorio”. En esta partida se
estima posible ajustar 11 mil 255 millones de pesos gracias a una disminución
de 15 por ciento, mediante una mayor eficiencia en la adquisición de productos.
2600, “Combustibles,
lubricantes y aditivos”. La magnitud del ahorro sumaría 33 mil 286
millones de pesos, mediante la eliminación de sobreprecios a particulares
generadores de energía.
2700, “Vestuario,
blancos, prendas de protección y artículos deportivos”. Se pueden ahorrar 2,248
millones de pesos debido a la mayor eficiencia en la compra de artículos.
2800, “Materiales y
suministros para seguridad”. Se podrán ahorrar 56 millones de pesos en
las adquisiciones no necesarias.
2900, “Herramientas,
refacciones y accesorios menores”. Se propone ahorrar 956 millones de pesos,
por eficiencia en compras.
3100, “Servicios
básicos”. Se pueden lograr ahorros por 8 mil 366 millones de pesos gracias en la
reducción de 25 por ciento de la partida que se destina al pago por conceptos
como telefonía y radiolocalización.
3200, “Servicios de
arrendamiento”. Se obtendrán 17 mil 866 millones de pesos por la depuración de
arrendamientos en edificios, bodegas, terrenos, equipos informáticos y
vehículos, como el esquema de arrendamiento contratado para el pago del avión
presidencial, incluido en este renglón.
3300, “Servicios
profesionales, científicos, técnicos y otros servicios”. Sesenta y tres mil
270 millones por la revisión y eliminación de contratos de consultoría y
asesoría que no son indispensables.
3400, “Servicios
financieros, bancarios y comerciales”. Habrá un ahorro de 10 mil 740 millones de
pesos por la reducción en el pago de comisiones de servicios de administración
y gestión de recursos por la revisión de contratos con las instituciones
financieras.
3500, “Servicios de
instalación, reparación, mantenimiento y conservación”. Esta partida aportará 12
mil 820 millones de ahorro por una disminución de 40 por ciento por cierre de
oficinas y freno de remodelaciones y reubicaciones.
3600, “Servicios de
comunicación social y publicidad”. En ejercicios anteriores, esta partida se
ha utilizado para abusos. Al reducir 50 por ciento de los contratos en la
materia, se obtendrá un ahorro de 2 mil 78 millones de pesos. En 2014, el gobierno
gastó alrededor de 5 mil millones de pesos adicionales a lo aprobado en este
rubro.
3700, “Servicios de
traslado y viáticos”. Se propone un ahorro de 5 mil 313 millones de pesos,
por la racionalización de programas de viaje y tarifas excesivas, así como la
reducción en las estancias.
3800, “Servicios
oficiales”. Es probable un ahorro de mil 943 millones de pesos, por la eliminación de
funciones y gastos ceremoniales no indispensables, así como la reducción de
contratos de representación, convenciones, etcétera.
3900, “Otros servicios
generales”. Se estima un ahorro de 3 mil 496 millones de pesos por la duplicación de
gastos en otras partidas, particularmente de las CFE.
Capítulo 4000,
“Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”. En él se propone
sólo un recorte general de menos de uno por ciento, lo que significa un ahorro
de 16 mil 123 millones de pesos, por una disminución de 2 por ciento a los
aportes de fideicomisos y ayudas y de 90 por ciento en las trasferencias al
exterior. De manera adicional, se propone disminuir en 3 mil 495 millones de
pesos en el presupuesto para partidos políticos y grupos parlamentarios.
En el capítulo
5000 se plantea una reducción de 13 mil 411 millones de pesos, por
incluir materiales que no son estrictamente activos fijos, reparaciones,
adquisición de vehículos y bienes inmuebles, entre otros, que no son
indispensables en un ejercicio presupuestal.
Cuadro 3. Detalle de la
propuesta de austeridad por partida.
Doble click para ampliar el cuadro
Es una ley a ambiciosa
que busca cambiar el enfoque del servicio público, que promueve una cultura de
austeridad republicana. Tiene su antecedente en el plan de austeridad entregado
por Morena en la Presidencia de la República el 23 de septiembre de 2013,
cuando propuso recortar los salarios de los grandes funcionarios, antes que
imponer la reforma hacendaria que afectó a amplios sectores de contribuyentes.
La iniciativa pone
énfasis en el objetivo de recortar el gasto innecesario que, además, por las
condiciones económicas del país se ha vuelto insostenible. Es un cambio de
paradigma, porque a diferencia de lo que se ha hecho hasta ahora, no se busca recortar
por recortar, sin importar el impacto que se provoca a la sociedad.
Se propone ajustar las
asignaciones excesivas establecidas en muchas ocasiones por los mismos
funcionarios para sí mismos. Con esta iniciativa se propone sentar las bases
para reorientar el destino de los recursos públicos hacia una mejor utilización
en beneficio del desarrollo nacional y de los mexicanos.
Por lo expuesto y con
fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a
consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de Decreto
Información obtenida de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.
Información obtenida de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.
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