Es economista egresado de la UAM Xochimilco y
del CIDE, con amplia experiencia en el análisis de los alcances físico y
financiero de los programas presupuestarios. Su interés se orienta a investigar
sobre la relevancia económica de las actividades culturales y la distribución
de los ingresos generados, en la cual los artistas son los menos favorecidos.
Antonio Mier Hughes
El anuncio de la creación de una Secretaría de
Cultura durante la presentación del 3er Informe de Gobierno de Enrique Peña
Nieto, generó un sinfín de expectativas, positivas y negativas, que al parecer
van a quedar en eso: meras expectativas, ya que la iniciativa presentada por el
equipo presidencial no muestra nada nuevo bajo el sol.
Mi primer impulso al escribir este artículo
fue el de compartir la insatisfacción que me produjo su lectura, pero para eso
están las redes sociales. Mejor voy a intentar establecer cinco puntos sobre
los cuales podamos generar un debate.
Primero: Se trata de un trasplante. En efecto,
la iniciativa para la creación de la Secretaría de Cultura simplemente propone
quitar las atribuciones en la materia a la SEP, que las ejerce a través del
CONACULTA, para asignárselas a la Secretaría de Cultura. A la par, el personal
y los bienes materiales del Consejo, también serán traspasados a esta nueva
dependencia federal.
Segundo: Ni más gasto, ni más plazas. La
iniciativa en cuestión viene acompañada de un dictamen sobre su impacto
presupuestario elaborado por la Dirección General de Programación y Presupuesto
“A”, en el cual se reconoce que las funciones de CONACULTA serán trasladadas a
la nueva secretaría y que ello no implica erogaciones adicionales a las
asignadas en el presupuesto. Con esto se confirma lo aseverado en el primer
punto, de que este cambio no va más allá de un cambio de nombre, aunque brinda
una mayor autonomía a la política cultural.
Tercero: ¿A qué se refieren
con profundizar la redefinición del papel del Estado en la vida
cultural del país? En los últimos años, la vida cultural del país ha avanzado a
pesar de la lamentable inmovilidad de los instrumentos de intervención del
gobierno. La integración a los procesos culturales de nuevos protagonistas como
la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, por medio de
los recursos etiquetados, los gestores culturales y las empresas culturales y
creativas, han ido adquiriendo importancia, a la vez que se han constituido en
una alternativa a las actividades y los recursos que transfiere el Gobierno
Federal por gestión directa del CONACULTA y a los programas culturales de las
dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno.
Sin embargo, ninguna de estas fuentes
alternativas de impulso a la cultura y las artes, y de generación de ingresos,
son consideradas en la iniciativa. Una redefinición como la califican,
necesariamente debe de reconocer a los nuevos agentes e instrumentos culturales
que ya están actuando.
Cuarto: ¿Quiénes van a aprovechar de manera
intensiva el patrimonio e infraestructura culturales? La iniciativa señala
claramente el propósito de conservar y aprovechar de manera intensiva el
patrimonio y la infraestructura. No dudamos que el Estado tiene la obligación
de garantizar la conservación de este importante recurso, pero en esta época de
austeridad, y aún en períodos de auge, es difícil que se cuente con los fondos
necesarios para lograr una ocupación y utilización adecuada de todas las
instalaciones. Nuevamente es necesario considerar a estos agentes de la
sociedad, gestores y empresas culturales y creativas, como posibles usuarios de
esos espacios para su uso pleno.
Es en este sentido donde se deben de proponer
instrumentos alternos de concesión que den cabida a los agentes culturales de
la sociedad para que, además de aprovechar las instalaciones de manera
sostenible, generen espacios y actividades de difusión y formación de la
cultura y las artes que tengan un impacto directo local en la promoción de la
integración social y la generación de fuentes de trabajo.
Quinto: Ausencia total de reconocimiento como
actividad productiva y, por ende, de medidas de protección para los
trabajadores culturales Es lamentable que en todo el cuerpo de la iniciativa
sólo se mencione una cifra imprecisa sobre la importancia económica de las
actividades culturales, y que no se haga mención de la Cuenta Satélite de la
Cultura. Lo anterior nos conlleva a suponer que el reconocimiento de la
importancia económica de la cultura se encuentra en un segundo nivel y que por
lo tanto no podemos esperar que la nueva secretaría se enfoque al
establecimiento de medidas de política económica para su promoción. Asimismo,
parece que no tienen importancia las relaciones laborales ni los servicios de
seguridad social en favor de los trabajadores.
Por todo lo anterior, la iniciativa en
cuestión nos deja en un estado de insatisfacción. No podemos negar que con esta
propuesta se busca fortalecer la autonomía de la política cultural, pero a su
vez, observamos que prevalece el enfoque paternalista de la misma al carecer de
una visión más amplia y actualizada. En este sentido el dictamen de la
Dirección de Programación y Presupuesto “A” es el que resume de mejor manera la
iniciativa, ya que sólo se pretende cambiar la denominación y la categoría del
CONACULTA,
Consideramos que la nueva dependencia tiene
mucho por hacer, empezando por reconocer a los nuevos actores y mostrar
una apertura para la inclusión de instrumentos novedosos, menos paternalistas y
más participativos, congruentes con una sociedad que requiere de muchos
alicientes para avanzar en el mejoramiento de su calidad de vida.
Fuente: Artículo obtenido de Grupo de Reflexión Sobre Economía y Cultura (GRECU) Programa de Economía
Cultural. UAM. http://economiacultural.xoc.uam.mx/index.php/mier/663-secretariacultura
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