La desaparición de fideicomisos impactará directamente a los ciudadanos, de manera positiva, liberándose recursos para atender la crisis causada por la pandemia del COVID-19 y al mismo tiempo se avanzará de manera clara en fortalecer la Transparencia y Rendición de Cuentas.
No podemos ignorar, que los fideicomisos se han caracterizado por ser poco transparentes, lo que ha derivado a ser poco confiables.
Sin lugar a dudas, un gran número de fideicomisos se crearon utilizando actividades sensibles de la sociedad como Protección Civil, Médicos, Medio Ambiente, ciencia y tecnología, derechos humanos, discapacidad, entre otros.
Pero la verdad de las cosas, lo fundamental radica si en verdad los recursos que se destinaban a cada fideicomiso, no solo cumplían su función y coadyuvaban de manera eficiente en sus tareas prioritarias por las que fueron crearon, sino además, si eran transparentes y rendían cuentas en tiempo y forma.
La respuesta era que no, ni eran transparentes, ni se cumplía con cabalidad con las actividades que decían defender. Ahí radica el problema.
Al ser opacos y poco transparentes, los fideicomisos dieron lugar a que se incrementará los niveles de corrupción, un hecho que en los gobiernos anteriores se agudizo de manera escandalosa.
Hoy quienes mantenían el control sobre los fideicomisos, defendieron a capa y espada su existencia y dieron lugar a una batalla sin precedentes, buscando mantener a toda costa esos “privilegios”, obtenidos en sexenios pasados. Todos dicen coadyuvar a favor de la ciudadanía; sin embargo, no rendían cuentas.
Desde el 2007 se dio a conocer de la forma tan escandalosa que se incrementaron los fideicomisos y de la falta de transparencia y su nivel de opacidad. En los años recientes, estos continuaban y era preciso tomar medidas al respecto y canalizar los recursos a prioridades de la nación.
La extinción de fideicomisos y fondos públicos sin estructura representan al menos 250 mil millones de pesos que se usarán para enfrentar la crisis derivada de la pandemia del COVID19.
Estos recursos se destinarán, principalmente, para garantizar la entrega de los programas sociales; para la reactivación económica y generación de empleos; para proteger a Pemex; y para deuda externa, rubro al que se le destinará la mayoría de los recursos para ese concepto, para que no se incremente.
No podemos olvidar, que la extinción de los fideicomisos y fondos públicos se realizó en sintonía con la Ley de Austeridad Republicana, en el cual plantea la extinción de fideicomisos y fondos que no se consideren estratégicos o que no requieren modificaciones legales, hay unos creados por ley y esos no se pueden eliminar por decreto, pero hay muchos que están constituidos desde hace un tiempo por acuerdo, por decreto del Ejecutivo, acuerdos de Hacienda o de los presidentes.
Hoy el Gobierno Federal debe asumir el control de la transparencia y rendición de cuentas, de dirigir los recursos a las prioridades del país y coadyuvar de manera eficiente y plena en las actividades estratégicas que demanda la sociedad.
Pero ojo, los apoyos que se brindaban a ciertos sectores de la sociedad, seguirá, fluyendo, ya no como fideicomisos, sino por vía presupuestal. Esto que quiere decir, que el objetivo de esta eliminación, es revisar y transparentar los recursos en estos fideicomisos, por lo que estos apoyos seguirán llegando a los beneficiarios, pues en vez de llegar por vía de los fideicomisos, lo harán por vía del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) cada año, generando las condiciones propicias para su transparencia y rendición de cuentas.
Quizá la duda que podría presentarse en la designación de los recursos vía presupuestal es si, tras las necesidades que se tienen por la emergencia sanitaria y la falta de ingresos por un menor dinamismo económico, alcanzarán los recursos. Esto implica que de entrada, el Gobierno Federal deberá apretarse aún más el cinturón, con el fin de parar las actividades sustantivas del gobierno y avanzar con paso firme en la reactivación económica, que permita generar mejores condiciones para todos.
Hay que tener en cuenta que los recursos que están en fideicomisos, la mayoría de las veces, son para financiar proyectos de investigación, de más de un año. Entre los fideicomisos que se extinguirán de acuerdo al decreto aprobado el martes están: el Fondo Institucional del Conacyt (FOINS); los fondos mixtos de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica para las entidades federativas; el fondo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Colegio de la Frontera Norte; Instituto de Ecología; Fondo Metropolitano; el Fondo para el Cambio Climático; el fondo para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, y el Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE).
Quienes ahora, trabajan con recursos de estos fideicomisos tendrán que terminar con las obligaciones del ejercicio 2020, lo concerniente al presupuesto de los fideicomisos será a partir del 2021, los recursos al regresar a una bolsa general, ya no regresarían para los objetivos para los que fueron creados, se concentrarán en los programas prioritarios del actual gobierno.
Que habrá de hacerse de manera inmediata, pues se buscará la creación de fondos para no afectar a investigadores, cineastas, artistas, deportistas y periodistas, entre otros por la desaparición de los fideicomisos.
Es aquí donde el Gobierno, tendrá que tener la capacidad de generar las condiciones necesarias para dar seguimiento puntual a la aplicación de los recursos, fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas, así como exista los instrumentos jurídicos y normativos necesarios para conocer con precisión el origen y destino de los recursos.
Cabe mencionar, que la extinción de los primeros fideicomisos, se logro obtener 55,000 mdp, los cuales se canalizaron a proyectos prioritarios como el Tren Maya, además de programas de créditos a pequeños y medianos empresarios por 25,000 pesos cada uno.
En cuanto a los 109 fideicomisos que han sido aprobados para su extinción en la Cámara de Diputados, el dinero liberado puede utilizarse para comprar vacunas contra el Covid-19. Así como, ya se había mencionado para garantizar la entrega de los programas sociales; para la reactivación económica y generación de empleos; para proteger a Pemex; y para deuda externa.
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