Para la gran mayoría de la población, el despido y la renuncia,
representa salir de una institución pública o privada, sin ningún apoyo económico
para enfrentar el fantasma del desempleo y la búsqueda de otro espacio
profesional que te permita seguir creciendo en la vida laboral.
Pero para otros, la gran minoría, significa salir con un respaldo
económico sustancial y disponer de otro espacio laboral de manera automática
que le permite no padecer los estragos de buscar otra opción política o laboral
para seguir apoyando el sustento familiar.
Esa minoría, que es beneficiada y recibe un trato preferencial,
dispone de un apoyo que no es igualitario al resto de la población que pasan
por las mismas circunstancia de renuncia.
Y este es el caso del dirigente nacional del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa, quién fue “beneficiado” por
una liquidación que obtuvo tras renunciar a la Comisión Federal de Electricidad
(CFE).
El político priista, ahora se defiende expresando a los cuatro
vientos, que es una “historia falsa” que
haya recibido un trato preferencial o irregular de la CFE, para que le
otorgaran una liquidación por un monto de 1.2 millones de pesos, tras
renunciar.
Parece que el Presidente del PRI a nivel nacional, no alcanza a
comprender que un acto o un beneficio de esa magnitud significa para millones
de mexicanos una cachetada con guante blanco, ya que millones de casos que se
realizan bajo tales términos de renuncia, los ex – colaboradores, ex –
trabajadores, no reciben ni las gracias de sus patrones.
Sin embargo, la renuncia de la CFE para Enrique Ochoa significo una
liquidación de 1.2 mdp.
Este hecho no abona nada a favor de la lucha contra la
corrupción, al contrario deja una estela de dudas, si en verdad Enrique Ochoa
tiene la voluntad de ir en contra de la corrupción.
Documentos oficiales indican que Ochoa recibió una liquidación
equivalente a nueve meses de su salario de la CFE (1.2 millones de pesos), pese
a que fue director de esta empresa durante sólo dos años y cinco meses, y a que
no fue despedido, sino que renunció.
Expertos en derecho laboral coincidieron en que se trató de “un
pago indebido”, porque obtuvo beneficios económicos como si hubiera sido
despedido y, al tratarse de una renuncia, el monto debía ser menor.
Como podrá apreciarse, en México existen tratos preferenciales
que en nada abonan la credibilidad de las instituciones, ni mucho menos a los
políticos.
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