Las decisiones en torno al endeudamiento público no pueden centrarse en la opinión dada a conocer por Higinio Martínez de manera reciente, ya que su análisis y reflexión muestra con plenitud falta de conocimiento técnico y normativo en materia de deuda pública.
El Congreso del Estado de México, tiene la gran responsabilidad de analizar y reflexionar con base a criterios técnicos y normativos la propuesta dada a conocer por el Gobierno del Estado en materia de endeudamiento y al mismo tiempo solicitar mayor participación del Congreso Local en el seguimiento, validación y destino de los recursos vía financiamiento.
Eso es lo menos que se espera de los diputados locales, tanto mujeres como hombres que representan a morena. Se hace una atenta recomendación a los presidentes de la comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, para que de manera muy clara realicen un análisis serio sobre este tema. Decir no, debido a lo expresado por Higinio Martínez, pone en tela de duda la capacidad técnica y de experiencia de los diputados de morena, ya que cualquier decisión que tomen debe estar respaldada por un estudio técnico y financiero que sustente la aprobación o no aprobación del endeudamiento público del estado de México.
Una legislatura responsable y cauta, debe fundamentar sus decisiones sobre temas sensibles basados en análisis y estudios técnicos, la política y la politiquería es una mala consejera cuando se trata de avanzar y más aún cuando existe condiciones tan difíciles como las que se presentan para el 2021.
Deseamos en verdad disponer de una legislatura responsable, seria y comprometida, donde su actuar y proceder se base en argumentos técnicos y financieros serios y no polítiqueria.
No podemos ignorar que la deuda pública del Estado es aproximadamente 43 mil mdp.
Pero tampoco podemos olvidar, que las condiciones actuales y en conformidad hacia donde se canalizaría la deuda pública que se autorice dependerán si es conveniente su autorización.
Cabe mencionar, que existen dos indicadores que muestran el grado de vulnerabilidad financiera al que pueden incurrir los Gobiernos de las Entidades Federativas del país por apalancar sus finanzas públicas con financiamiento: el primero es cuando se mide en función del tamaño de sus respectivas economías, el tanto por ciento del producto interno bruto del Estado (PIBE), y como proporción de sus participaciones federales.
Respecto al indicador del PIBE, la evolución del financiamiento público del Estado de México, si lo comparamos del 2009, pasó de 3.09% al 2.69% en el primer trimestre del 2019. Y hay que mencionar que a partir del 2012, el financiamiento del entidad como porcentaje de su PIBE, ha sido inferior al promedio nacional.
Por lo que se refiere al segundo indicador, la relación deuda/participaciones federales, debemos recordar que las participaciones federales son recursos que el Gobierno Central transfiere a las haciendas públicas locales por formar parte del pacto fiscal federal, representan ingresos que los Gobiernos de los Estados pueden destinar libremente hacia los rubros que deseen priorizar, sin el condicionamiento de la Federación.
Uno de los problemas es que algunos Gobiernos Locales contratan nuevas líneas de crédito comprometiendo el flujo de sus participaciones federales, lo que implica que en caso de que incumplan con el pago del principal y/o del servicio, sus acreedores pueden hacer valida la garantía crediticia, exigiendo el cumplimiento de los compromisos contraídos con cargo a estas transferencias o sea a la participaciones.
Garantizar el financiamiento con el flujo de participaciones federales puede llevar a una situación de alta vulnerabilidad a las finanzas públicas locales, ya que en la medida que se destinen para pagar el principal más su servicio, se reduce la capacidad de los Gobiernos Locales para proveer los bienes y servicios públicos prioritarios para sus respectivas poblaciones, tales como la prestación de servicios de educación, salud, seguridad pública, seguridad social, combate a la pobreza, infraestructura social, entre otros importantes rubros del gasto.
Como anda el Estado de México en este sentido, pues si tomamos en cuenta el 2009 al primer trimestre del 2019 esta relación pasó del 75.05% al 55.23%. A partir del año 2010, ha sido inferior al promedio nacional, con excepción del 2017, que alcanzo el 81.32 por ciento y ha venido a la baja.
Pero no debe ignorarse, que de acuerdo con los parámetros internacionales, una organización presenta vulnerabilidad si sus finanzas están apalancadas con más del 50 por ciento de sus flujos de ingreso.
En fin, esperamos responsabilidad de los diputados locales y tengan el tacto político y técnico necesario que les permita tomar decisiones a favor del Estado de México en materia de Financiamiento para el 2021.
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