Un cambio de Política en materia
de Desarrollo Urbano se hace indispensable en los próximos años, donde no solo
se atiendan las problemáticas que actualmente padece la población en cuanto a
vivienda digna, transporte público, servicios públicos eficientes, seguridad
pública, salud y educación, así como incidir en un desarrollo urbano integral,
regional y sustentable que coadyuve a un desarrollo social de la población.
Actualmente, la población y
quienes demanda vivienda sus opciones de una vida mejor se pierden en el vació de la indiferencia de los gobiernos municipales, estatales, desarrolladores y
legisladores, que lo único que buscan es obtener y seguir exprimiendo los
bolsillos de la clase trabajadora y los demandantes de un espacio digno para
vivir y desarrollarse familiarmente.
Un ejemplo claro del fracaso
gubernamental en materia de desarrollo urbano, lo ha dado las Ciudades
Bicentenarios en el Estado de México, el gran deterioro de la infraestructura
básica de los desarrollos de vivienda, surgidos a partir del 2009, demuestran
que las autoridades municipales, estatales y gubernamentales, no les preocupa
la ciudadanía, quienes por múltiples motivos adquieren vivienda con la esperanza
de una vida mejor para el trabajador y su familia.
Hoy en día, los
fraccionamientos, conjuntos urbanos y colonias que han surgido dentro del marco
de la oferta de vivienda, se encuentran con graves problemas de inseguridad,
falta de servicios básicos municipales, estatales y gubernamentales que
provocan el malestar, el enojo y la frustración de miles y miles de familias
que están asentadas en el Estado de México.
Las promesas incumplidas de un
Tren Suburbano, la falta de vialidades modernas y adecuadas que permita la
movilidad de la gente de manera adecuada para que puedan acudir a sus empleos,
escuelas, actividades cotidianas son el pan nuestro de cada día.
La falta de servicios como
luminarias, agua potable, recolección de basura, transporte eficiente y seguro,
espacios de entretenimiento acorde a las necesidades de la población que van
creciendo por los nuevos desarrollos urbanos; así como, servicios de educación,
salud, deportivos y culturales, son grandes pendientes que se siguen acumulando
en la vida cotidiana de la población.
Tampoco se debe olvidar, la
falta de espacios productivos e incentivos que permita el desarrollo de micro y
pequeñas empresas para paliar la falta de una industria, de servicios y
comercio acorde al crecimiento poblacional. Todo lo anterior, da como resultado
la generación de un gran caos urbano que afecta a la población.
Durante la comparecencia con
motivo del Primer Informe de Gobierno, presidida por el legislador José Antonio
García García (PAN), los integrantes de las comisiones coincidieron en la
necesidad de que se garantice vivienda digna, servicios básicos y desarrollo
urbano integral y sustentable a los mexiquenses.
Los resultados que se vierten en
el Informe, no refleja la realidad de los mexiquenses debido a que no se hablan
de temas sensibles que afectan de manera directa a la población, como es el caos urbano, la desigualdad, el hambre, la
pobreza y la falta de servicios públicos.
Es necesario que el Poder Ejecutivo
y el Legislativo a nivel estatal, atiendan con prontitud las demandas de los
mexiquenses y es básico, la actualización de los planes estatales y municipales
de desarrollo urbano.
En conformidad a lo expuesto por
el secretario del Ramo, Enrique Jacob Rocha señaló que se seguirá trabajando
por el fortalecimiento de la infraestructura, la dignificación de la vivienda,
la eficiencia del nuevo aeropuerto internacional de México, la transparencia en
los trámites y procesos y por concluir la reconstrucción de viviendas de las
familias damnificadas por los sismos.
Sin embargo, las problemáticas
reales que padece la población en materia de Desarrollo Urbano genera
descontento, frustración y enojo en la población que observan como su inversión
en una vivienda le genera más problemáticas y desilusiones que beneficios y alegría
a sus familias. Es preciso la coordinación de esfuerzos entre los Poderes
Ejecutivo y Legislativo, a fin de garantizar el bienestar de los mexiquenses.
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