viernes, 14 de noviembre de 2014

Morena, solicita juicio político al Procurador de la República, Jesús Murillo Karam.


El presidente nacional de Morena, Martí Batres en compañía de la secretaria general de ese instituto político, Bertha Lujan, presentaron ante la Cámara de Diputados una petición de Juicio político en contra del  procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por omisiones, irregularidades y presunta complicidad por el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Marti Batres, destaco: “esta solicitud debe hacerse, porque la conducta del procurador ha dificultado la resolución del caso de los desaparecidos, la localización de los estudiantes y la detención de todos los responsables”, dijo.
“Hay omisión y presunta complicidad de la PGR, pues esta tuvo conocimiento de conductas delictivas del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, desde el 3 de julio de 2013 cuando conoció hechos relacionados con homicidios de Arturo Hernández, Ángel Román y Félix Bandera el 18 de marzo de 2014 y el 1 de mayo de 2014, respectivamente, esta información se reiteró a la PGR”.
“Durante los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre la PGR se mantuvo pasiva frente a lo que sucedió en iguala, después la PGR se abstuvo de atraer el caso y no fue hasta 11 días posteriores a los acontecimientos que lo hizo”.
“Un mes después se presentó a los esposos Abarca y hay fundadas sospechas de que dicha detención se ha soportado en un montaje con propósitos mediáticos y políticos como se deriva de las denuncias públicas hechas por el padre (Alejandro) Solalinde y el propio jefe delegacional de Iztapalapa (Jesús Valencia)”, mencionó Batres.
De acuerdo al líder de Morena, fue tras el mensaje del procurador Murillo Karam cuando dio a conocer una hipótesis “sin respaldo científico y se aventuró la temeraria afirmación de que 43 personas fueron reducidas a cenizas sin tener las pruebas correspondientes”, lo que ha sido un golpe psicológico contra las familias de Ayotzinapa, agregó.
La petición de juicio político está fundamentada en el artículo 110 constitucional y aseguraron que tanto la Cámara de Diputados, como el Senado pueden destituirlo.

La solicitud fue entregada en la Secretaría General de la Cámara de Diputados y se turnará a la mesa directiva de San Lázaro para posteriormente mandarse a las comisiones correspondientes. 

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