La Auditoría Superior de la Federación, es una institución encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), los órganos autónomos, los estados y municipios, e incluso los particulares cuando reciben recursos públicos.
El propósito de la ASF es verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público.
La ASF tiene la gran responsabilidad de posicionarse como una institución objetiva e imparcial, técnicamente sólida y sujeta a un proceso de mejora continua, cuyos productos puedan constituirse en un elemento central para el Poder Legislativo en la definición de las asignaciones presupuestarias de los programas, proyectos y políticas públicas. Su principal labor, es generar confianza en la ciudadanía en la medida en que fortalece una cultura gubernamental de transparencia y rendición de cuentas.
Los principales resultado de las auditorías que lleva a cabo la ASF adquiere diversas formas: la constatación del cumplimiento eficaz, eficiente y económico de los mandatos de los entes auditados, la definición de áreas de oportunidad para mejorar la gestión pública, la detección de errores en el registro de las operaciones que se llevan a cabo, o la existencia de desviaciones o irregularidades. Esta última vertiente tiene consecuencias para el ente auditado.
Cuando se generan observaciones como resultado de la fiscalización superior, las entidades fiscalizadas pueden solventarlas durante el desarrollo de las auditorías o al término de éstas, reintegrando los recursos económicos empleados incorrectamente al erario federal, al patrimonio de la institución, o al fondo federal correspondiente, dependiendo el caso.
De no reintegrar los recursos económicos o no aportar la documentación comprobatoria, la ASF está dotada de las atribuciones necesarias para llevar a cabo las siguientes acciones: 1) Emitir un pliego de observaciones cuando se tienen elementos para suponer que ha habido un daño al erario público federal. 2) Promover ante los Órganos Internos de Control correspondientes, de ser necesario, la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios públicos culpables. 3) Presentar denuncias penales ante las autoridades competentes.
Desde su creación en 1999, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) nunca había manifestado que hubiera una “deficiencia metodológica” en sus labor de fiscalización ni había corregido sus propios informes, como en esta ocasión ocurrió en días pasados, en el caso de las auditorías que practicó a la cancelación del aeropuerto de Texcoco y a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Cabe recordar, que el pasado sábado, la ASF entregó el Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2019, que audita el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde señala que la cancelación de la terminal aérea tuvo un costo estimado de 331 mil 996 millones 517 mil pesos, el triple de lo previsto por el administración federal en abril de 2019.
Los medios opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como analistas e intelectuales orgánicos, aprovecharon dicho informe y las cifras que daba a conocer la ASF para cuestionar, atacar, señalar y criticar la labor del Gobierno Federal. Fue un festín de críticas y cuestionamientos, sustentados por el propio Informe que la ASF había dado a conocer.
Andrés Manuel por su parte en la mañanera, da a conocer que lo presentado por la Auditoria era un error y que tenía otros datos.
Sin embargo, dos días después, la Auditoría admitió “inconsistencias” en la cuantificación del monto de cancelación, por lo que el contenido de esta auditoría es objeto de “una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada” para determinar este costo.
Que fue lo que realmente paso, quizá muchas cosas, pero lo que si se puede señalar sin temor a equivocarnos es que la institución de Auditoria Superior de la Federación, queda mal parada, pierde confiabilidad y existe dudas sobre su proceder y actuar ante los resultados expuestos y el tipo de justificación dado a conocer para dar marcha atrás a lo que el informe señalaba en cuanto al costo del aeropuerto de Texcoco, impacta enormemente en el trabajo técnico y responsable de los funcionarios públicos de dicha institución.
El pasado jueves durante su conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, en la que solicita emprender las acciones necesarias para realizar una investigación por las “equivocadas afirmaciones” de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se construía en Texcoco.
La carta fue enviada a la Mesa Directiva en San Lázaro y se turnó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para darle trámite.
De acuerdo a lo que expresa la carta, el mandatario subraya en la misiva, son parte de un “informe tendencioso y falso”, y alertó que aun cuando los responsables de la ASF se han retractado “ante tamaño absurdo, esgrimiendo que aplicaron mal sus métodos de proyección, consideró que una actitud de este tipo no sólo obedece a una deficiencia técnica sino también a una intencionalidad política”.
Asimismo, López Obrador, recordó que tanto ésta como “otras falsedades contenidas en el informe fueron utilizadas por la oposición conservadora y por la prensa que defiende al antiguo régimen corrupto para tratar de dañar la imagen de rectitud y honestidad de nuestro gobierno”.
Es así como, una institución que debería dar confiabilidad, certeza y seguridad en su labor de auditoria, en estos momentos, existe dudas sobre su actuar y proceder.
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