Ni más ni menos, el presidente
Enrique Peña Nieto nombró hoy al ex consejero electoral Virgilio Andrade
Martínez como secretario de la Función Pública y le ordenó iniciar de inmediato,
una investigación y resolver si hubo o no conflicto de interés en las obras
públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que
celebraron operaciones de compra venta de las residencias de su esposa Angélica
Rivera, en Las Lomas, del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en
Malinalco y del mismo mandatario, en Ixtapan de la Sal.
En los primeros dos casos, los inmuebles tuvieron como agente
inmobiliario a la empresa Higa y en el de la residencia de Ixtapan de la Sal,
al desarrollador inmobiliario Roberto San Román.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, tanto Higa como
San Román han recibido importantes adjudicaciones de contratos de obra pública
durante la actual administración federal de Peña Nieto y aun desde su gestión
como gobernador del Estado de México.
Ante tal hecho, es importante
que Acción Nacional, PRD, Morena y demás partidos políticos levanten la voz y
expresen y demanden la separación de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Angélica
Rivera de los cargos y el espacio que actualmente disponen, con el fin de
facilitar las investigaciones de la Función Pública sobre su probable conflicto
de intereses.
Y hay que recordar que
Diputados y Senadores del PAN y PRD exigieron y demandaron la separación de
Jesús Valencia como jefe delegacional de Iztapalapa, con el fin de facilitar
las investigaciones de la contraloría capitalina sobre sus probables conflictos
de interés.
Cabe
recordar, Valencia fue señalado por utilizar al menos dos camionetas propiedad
de empresas contratistas de la administración a su cargo, en lo que a juicio de
sus adversarios representa un evidente conflicto de intereses.
Y si en
verdad, el Ejecutivo Federal y Secretario de Hacienda desean demostrar con
hechos reales y permitir que las investigaciones se realicen de manera plena en torno a que su actuación no hubo conflicto de intereses y
si esta consciente de que los señalamientos generalizados generaron la
apariencia de algo indebido de algo que en realidad, no ocurrió, lo más
correcto es poner el ejemplo y abrir la posibilidad de que se realice la
investigación, pidiendo licencia a su cargo.
Es la oportunidad de oro de que el Ejecutivo Federal demuestre
con plena convicción de que esta libre de toda culpa y esto favorecería la
percepción en torno a la lucha contra la corrupción.
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