lunes, 2 de febrero de 2015

Las Medidas de Responsabilidad Fiscal para mantener la Estabilidad que anuncia el Gobierno Federal van en contra de las empresas paraestatales estratégicas de México.

Ven el temblor y no se hincan, dice el refrán, y el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público dio a conocer las acciones que emprenderá en este 2015 como MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD FISCAL PARA MANTENER LA ESTABILIDAD.
Cabe mencionar, que el entorno económico internacional desde finales del 2014, presentó un deterioro significativo debido a los siguientes factores: la drástica caída en el precio del petróleo; la volatilidad financiera asociada al inminente incremento en las tasas de interés en Estados Unidos, y la desaceleración de la economía global.
En cuanto a la caída de los precios del petróleo, México a través de la compra de coberturas ante caídas en los precios del petróleo y la renovación de la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, permiten mantener una estabilidad con alfileres para este ejercicio 2015.
Sin embargo, ante la perspectiva de que los precios del petróleo se mantengan bajos y se incrementen las tasas de interés durante los siguientes años, así como la desaceleración de la economía mundial, el Gobierno Federal podrá en marcha diversas acciones, con el fin de contener los efectos negativos que se esperan en este 2015 y 2016.
Una de las primeras acciones será revisar la estructura del gasto público de tal forma que permita una reingeniería al interior de la Administración Pública Federal para la elaboración del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2016.
El Gobierno Federal propone, abandonar la práctica de elaborar el presupuesto sobre una base inercial; es decir, tomar el presupuesto del año anterior y simplemente agregar o quitar programas. En su lugar, se llevará a cabo un ejercicio de fondo para mejorar los procesos administrativos, optimizar las estructuras, y, en su caso, eliminar programas o unidades administrativas del gobierno que presenten duplicidad, y a la vez privilegiar los proyectos de inversión cuyos beneficios lleguen a un mayor número de mexicanos.
Entre las medidas de la reingeniería al interior de la APF se contempla la instrumentación del Presupuesto Base Cero, Optimizar los procesos y priorizar proyectos de inversión con el mayor impacto social y económico.
Debe decirse, que la partica del Presupuesto Base Cero  tiene su origen en el mundo de la empresa, específicamente en 1970, cuando Peter Pyhrr, su creador, lo introdujo en la empresa americana Texas Instruments. El caso fue exitoso, y poco a poco se extrapoló a otras empresas, hasta que en 1971, Jimmy Carter contrató a su creador para aplicar la herramienta a la administración estatal. Primero como gobernador del Estado de Georgia, luego como Presidente de los Estados Unidos, Carter utilizó esta herramienta para enfrentar el proceso inflacionario de los años 1970.
Con el tiempo la práctica se extendió al Reino Unido, Singapur, Nueva Zelanda y algunos otros estados de Norteamérica.
La mayor ventaja de este sistema, es que ignora la práctica habitual de considerar el gasto del año anterior y sumar algo más de dinero a cada partida. En este caso, se ignora la historia presupuestaria del gobierno municipal, provincial o nacional, y se reconsidera, o reevalúa, la necesidad de cada partida, tanto histórica como nueva. En otras palabras, se busca que se vuelva a justificar cada una de las partidas del nuevo presupuesto.
Aunque hay que decirlo bien claro, es una propuesta que tiene sus grandes inconvenientes y desventajas y requiere de mucho tiempo, puesto que se debe reelaborar todo el presupuesto, o volver a discutir cada función del Estado, que en el caso del Gobierno Federal serán los programas o proyectos.
Por sus características, del Presupuesto Base Cero y las condiciones de la economía mexicana, así como la problemática de la corrupción existente, esta medida puede ser contraproducente. Lo cual deberá de ser discutida en la Cámara de Diputados de manera plena y clara.
Aunado a la mejora en torno al presupuesto, el Gobierno Federal ha determinado, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), ajustar el gasto público a partir de este mismo ejercicio, previendo un entorno adverso en los siguientes años.
Por tal motivo, se prevé un ajuste al gasto público de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) de 124.3 mil millones de pesos, monto que representa el 0.7% por ciento del PIB. Este monto incluye ajustes de 62 mil millones pesos en Pemex y de 10 mil millones en CFE de acuerdo a lo que estos organismos han informado a esta Secretaría, el resto del ajuste de gasto vendrá de las dependencias.
Las entidades del Gobierno disminuirán su gasto en 57.9 por ciento, mientras que las dependencias sólo el 42.1 por ciento.
En este aspecto, será importante valorar que medidas de restricción el Gobierno Federal implementará en las dos paraestatales que aún dispone. Cabe recordar, que con las medidas en torno a la Reforma Energética, Pemex y CFE, deberán competir con grandes monstruos internacionales y si se continua debilitando la capacidad productiva de Pemex y CFE, sus condiciones para competir y elevar su calidad como empresas paraestatales se vendría abajo, lo cual representaría para México un duro, durísimo golpe.
Ante tal escenario, será de vital importancia que la población este enterada de esta decisión del Gobierno Federal que no sólo ha puesto a competir a Pemex y CFE con grandes compañías trasnacionales, sino que ahora los debilita de manera drástica, colocando a las empresas paraestatales en una situación de debilidad.
Y será de gran importancia que partidas y acciones de manera específica se implementarán por parte de la administración pública, con el fin de poder valorar el impacto que estas dos empresas del país podrá recibir de nuestras propias autoridades de Gobierno, ya que debilitan a dos empresas estratégicas del país.
Una de las premisas que tiene la propuesta de ajuste se dirige al gasto corriente. En el caso de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el ajuste asciende a 52.3 mil millones de pesos, de los cuales el 65% se aplicará al gasto corriente y el restante 35% a gasto de inversión. El ajuste al gasto corriente asciende a 34.1 mil millones de pesos, para lo cual se reducirá el gasto en servicios personales, el gasto de operación, así como programas de subsidios.
En ese sentido, se implementarán medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, destacando: reducción de 10% en la partida de servicios personales para mandos medios y superiores, disminución de 10% del gasto en plazas de carácter eventual y por honorarios; restricción a la creación de plazas, salvo aquellas que tengan como propósito dar cumplimiento a reformas de disposiciones jurídicas y fortalecer programas prioritarios, y se llevará a cabo una reducción del 10% en el gasto destinado a comunicación social.
Con esta medida, el Gobierno Federal pretende que la generación de empleo y oportunidades surja del sector privado, el cual no da muestras de querer realmente participar en la conformación de una política productiva y desarrollo pleno.
En materia de inversión, se incluye una reducción por 18.1 mil millones de pesos. Ello incluye: la cancelación definitiva del tren de pasajeros Transpeninsular y la suspensión indefinida del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro. Sin embargo, se sigue con el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y los programas de Conservación orientados a Carreteras Federales y Caminos Rurales, así como la construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras.
Es aquí donde debe evaluarse la conveniencia de llevar a cabo el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, las condiciones actuales y futuras, indican que sería conveniente su suspensión temporal hasta que las condiciones económicas sean más favorables para el país.
Asimismo, será necesario que exista una revisión de los programas y proyectos que en verdad no son prioritarios por parte del Gobierno Federal y que exista una política de Austeridad Republicana que vaya dirigida hacia los altos mandos de la administración pública federal.
Las medidas específicas de austeridad que emitirá el Gobierno Federal, próximamente, en materia de racionalización del gasto en asesorías, telefonía celular, viáticos, pasajes aéreos, entre otros, ha mostrado ser ineficiente y en poco ayuda a reducir el gasto, no hay que olvidar lo emprendido en la década de los 80`s y 90`s.
En cuanto al recorte en el Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias, este afectaría a un sector de la sociedad más necesitada y que decir en torno al programa Pensión para Adultos Mayores, donde se habrá de afectar al sector de la población más necesitada que ha contribuido con la economía del país. Es injusto que la gente más pobre y vulnerable del país cargue con el costo del ajuste.
Va ser necesario que los futuros legisladores de Morena, tengan presente la importancia de de impulsar reformas constitucionales en materia de endeudamiento de entidades y municipios durante las primeras sesiones de la Cámara de Diputados; así como, promover fuertes inversiones en la infraestructura pública que este focalizada en las zonas de menos desarrollo humano.
Y determinar una agenda legislativa que se encamine no sólo a impulsar una política de Austeridad Republicana, lucha contra la corrupción, sino además, que se implemente un programa de desarrollo interno que permita fortalecer a la industria y tecnología nacional, para mejorar las condiciones económicas del país.
México, necesita con urgencia de legisladores sensibles ante la problemática real que existe en estos momentos. México, requiere de legisladores que encaminen el gasto en promover y desarrollar las empresas paraestatales estratégicas del país e impulsar el empleo y el desarrollo de oportunidades sectorial.

Con mayor precisión hablaremos de estos temas en las próximas entregas.

No hay comentarios: