Esto no es cuestión de especialistas e investigadores, es cuestión de
sentido común. México, padece en estos momentos de una política económica que
atenta contra el bienestar de cada familia mexicana que observa como su nivel
de ingreso se reduce dramáticamente. La perdida del valor adquisitivo ha sido
una constante que se ha mantenido por décadas en México, donde los precios de los productos y servicios
siguen ganando terreno, causando con ello, los niveles de pobreza y marginación
que padece la población. La falta de empleos bien remunerados y de
oportunidades provoca que el tejido social se vea afectado de manera lamentable.
El cálculo de los especialistas de la Política Económica es que los
mexicanos absorban de manera natural la decisión del desmantelamiento de la
Industria Petrolera y Eléctrica de México, los recursos que estas dos
industrias proveían a las finanzas públicas se han debilitado notablemente, lo
que da por resultado que los recursos indispensables para mantener una
administración pública debe salir de los bolsillos de los contribuyentes a
través de impuestos.
Hoy Pemex ya no será la palanca del desarrollo y crecimiento económico
del país, porque, simplemente, las administraciones de Felipe Calderón y Peña
Nieto la han hecho polvo.
Desean mantener programas sociales, dice con descaro Meade, el
Secretario de Hacienda, con el fin de seguir apoyando a la población que se
encuentra en extrema pobreza, pobreza y marginación. Pero no se han dado
cuenta, que los apoyos que brinden no lograrán sacar adelante a ese segmento de
la población, ya que su situación precaria será mayor y que un número mayor de
habitantes habrá de ingresar a esas cifras de pobreza.
La Política Económica y Social que emprende la actual administración,
esta a la deriva, no logran obtener los resultados previstos y el tiempo ya se
les vino encima. Lo anterior se deriva a que México es México y jamás podrá ser
equiparado con algún otro país. En México, se dispone de un modelo cultural, económico y social que es
diferente a cualquier nación del mundo y por ese simple hecho, debe generarse
un Modelo Económico y Social propio que permita potenciar y desarrollar los
atributos que dispone el país. Pero apostar a copiar los modelos externos y
seguir recetas de los organismos internacionales, es por lo general, una
apuesta equivocada.
Ante la escalada de incrementos de precios en servicios y alimentos, la
población se lanza a las calles a protestar, movilizarse, manifestarse y exigir
que las gasolinas regresen a sus precios anteriores, pero el golpe que se
asesta ya no tiene marcha atrás.
Economistas coinciden en que esto traerá un golpe al bolsillo
mediante la inflación de los precios de productos y servicios que los
mexicanos pagan, usen o no vehículo.
A nivel individual habrá un aumento en el costo de vida y por lo tanto
un menor nivel de bienestar, y eso es inevitable cuando hay un aumento de la
gasolina.
En México existen tres variedades de gasolina que a partir de enero
tendrán un nuevo precio máximo promedio por cada litro que implica un aumento
(pesos):
Magna: 15,99
(US$0,77) +14,2%
Premium 17,79
(US$0,85) +20,1%
Diesel 17,05
(US$0,82) +16,5%
México se dividirá en 90 regiones con precios alrededor de esos
promedios, siete serán regiones fronterizas, y el resto del interior del país.
Durante todo enero, el precio máximo promedio se mantendrá fijo, es
decir, no habrá ni aumento ni retroceso en el costo de cada litro de gasolina.
El gobierno aplicará el nuevo esquema de precios de forma gradual, de
manera que a final de 2017 habrá precios liberados y ya no solo los que el
gobierno dicte.
Las dos primeras semanas de febrero tendrán un ajuste semanal.
A partir del 18 de febrero, los precios máximos serán
fijados diariamente, por lo que el precio de cada litro de gasolina podría
ser más caro o más barato de un día para otro.
El calendario prevé la liberación de los precios de forma escalonada de
manera que Pemex y las nuevas empresas que ofrezcan el servicio podrán fijar
sus precios de forma independiente: una gasolinera que desee reducir sus
ganancias bajará el precio, pero podría obtener más clientes. Pero en México,
¿eso será posible?
En 2017 habrá tres elementos que harán que un litro de gasolina o diesel
será más caro o más barato, dependiendo de la región, estado y municipio en
donde se compre.
Precio en el mercado: el costo del petróleo eleva o reduce el
costo de la gasolina, y el precio a nivel internacional será la referencia: ya
no estará sujeto al precio que el gobierno (Pemex y la SHCP) fijaba por razones
financieras y hasta políticas.
Transporte y almacenamiento: un litro de gasolina será más caro o
barato si una localidad se encuentra más lejos o cerca de una refinería o un
puerto, si el combustible es llevado por tierra o por oleoducto, y si cuesta
más o menos almacenarlo.
Impuesto a la gasolina: el gobierno aplica un impuesto de
recaudación llamado IEPS a cada litro de gasolina vendido, el cual se seguirá
aplicando y no se incrementará en 2017, según promete el gobierno mexicano.
Pero también habría un cuarto factor, las leyes ambientales locales: en
ciudades como la capital mexicana, si las autoridades requieren que haya
gasolinas menos contaminantes, costará más cada litro.
Las fronteras seguirán teniendo un régimen especial para tener precios
que compitan con los de su contraparte, principalmente en las ciudades
fronterizas del sur de EE.UU.
¿México esta listo para emprender esta cruzada de liberación de precios
de la gasolina?. La respuesta, es no, ya que ni consumidores ni mucho menos
empresarios están listos para medidas de este tipo.
Por una parte, los consumidores, clase media, serán los primeros en
resentir los efectos de la liberación de los precios de las gasolinas. Pero la
clase baja y de menores recursos deberán junto con la clase media soportar los
embates de los incrementos del precio del Transporte Público y los productos.
Ante el escenario de los incrementos de los precios, daría lugar a un
factor adicional, la perdida de competitividad de México, ya que el fantasma de
la inflación estaría haciéndose presente y con ello provocaría que el país sea
menos atractivo para la inversión.
Y por que sucederá esto, la respuesta es simple, ante un alza de los
precios en transporte y productos, la inflación estaría en el camino de
incrementarse, dando lugar a que se ponga en marcha una política restrictiva
para contener los efectos y por tanto aumentar las tasas de interés, generando
con ello la reducción de inversiones y desalentando el consumo en bienes
durables.
Pero surge la pregunta de los 64 mil pesos, ¿si bajan las gasolinas,
bajaran el costo de los transportes y los productos?, aquí es donde esta el
verdadero problema. El Gobierno y las instancias federales no disponen del
personal necesario para que el libre mercado funcione en México, quién dará
seguimiento para que los productores de bienes y servicios, regularice sus
precios cuando la gasolina se expenda más barata. La realidad que existe en
México, es que cuando un producto sube de precio, difícilmente regresa a su
costo anterior, ¿quienes ganan?, los productores, las grandes empresas, los
Centros Comerciales.
Aquí, el punto no es el sube baja del precio de la gasolina, sino los
efectos que esta medida gubernamental, mal diseñada y planteada para el caso de
México se esta llevando a cabo, sin tener los controles y el seguimiento
necesario de los efectos y como contrarrestarlos.
Si la gasolina sube, los efectos indirectos es el alza al transporte
público y los productos, pero si baja, ¿bajará el costo de los transportes y
los productos?, esta pregunta queda en el aire. ¿Quiénes realmente ganan con la
liberación de los precios?, otra pregunta, que no tiene respuesta, pero tienen
nombre y apellido.
La verdad de las cosas es que la población, es la que pierde en su poder
adquisitivo.
El Gobierno Federal muestra su incapacidad de poder asumir un modelo de
manera adecuada para México, el incrementar el costo de vida, sin generar los
empleos suficientes y bien remunerados, será el detonador de mayor pobreza y
marginación, los programas sociales no pueden ni deben substituir los salarios
e ingresos de las familias mexicanas, pretender hacerlo por esta vía, demuestra
que disponemos de un gobierno insensible y poco ético y realista.
Por ello, la respuesta de la gente no debe venir de las calles a través
de manifestaciones, marchas, plantones y bloqueos, es verdad que es una medida
de presión para las autoridades gubernamentales, pero ello, no permite los
cambios y las acciones necesarias que se requieren para modificar y adecuar la
Política de Ingresos y la Política Económica del país.
Lo que realmente se requiere es que la ciudadanía, salga el 4 de junio a
expresar con contundencia su malestar en las urnas electorales, eligiendo a un
instituto político que haya demostrado congruencia política, social y
planteamiento económico para resolver los problemas nacionales.
Hoy existe la indignación por el incremento del costo de vida, pero hay
temas de intereses que deben resolverse y tienden a agravarse como es la
inseguridad, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos, la falta de
empleo, el olvido del campo y sobre todo la reconstrucción de la industria
petrolera y eléctrica de la nación, que se encamina a manos extranjeras y
nacionales.
El 4 de Junio en las elecciones a la gubernatura del Estado de México,
es el momento de expresar con contundencia el deseo de cambiar de régimen y de
política económica y social, hacer ver a los partidos políticos que firmaron el
Pacto Contra México, que su momento ya paso y que se requiere una
Transformación con Cambio Verdadero de manera pacifica y democrática.
