Como olvidar aquellos momentos, donde el día del Presidente nadie tenía que arruinar la fiesta. Ese día era tan especial, tan mágico que todo estaba planificado.
El control era absoluto, desde los invitados a la ceremonia, hasta quién respondía el Informe. Quienes participaban en dicho evento, sabían cómo actuar, qué decir y cuándo callar, era el día donde los elogios se brindaban de manera plena al Presidente.
Ahora las cosas han cambiado radicalmente. El Informe presidencial se entrega por escrito y el Ejecutivo Federal realiza un mensaje a la nación ante los integrantes del gabinete, representantes de los otros poderes, empresarios, amigos y funcionarios de la alta burocracia. El ritual presidencial salió de San Lázaro y se estacionó en Palacio Nacional. Y con la pandemia a cuestas, el número de invitados es reducido y debe ser trasmitido por las redes sociales y portales de internet, ya que los medios tampoco tienen un papel transcendental como en el ayer.
La forma y el modo, como se presenta el Informe de Gobierno y se genera el Día del Presidente, que mantuvo a lo largo de varias décadas un mágico momento, ha dependido sin lugar a dudas, de quién se encuentre al frente del Poder Ejecutivo y que tanto le guste los reflectores y salir en escena.
Cada año, el Presidente tenía la responsabilidad constitucional de presentar un informe de actividades ante el Congreso de la Unión – formado, a su vez, por los diputados y senadores- y para los ciudadanos.
El Informe es un resumen de las actividades, obras, relaciones establecidas y resultados del país en las distintas esferas de desarrollo, como economía, política, salud, seguridad, entre otros temas de interés de la ciudadanía.
Cabe mencionar, que de acuerdo a información que se dispone, el primer presidente en rendir un informe fue el general Guadalupe Victoria, quien, a pesar de que no estaba obligado, se presentó ante el Congreso para dar cuenta sobre la marcha de su gobierno.
Fue el 1 de enero de 1825, cuando Guadalupe Victoria dio a conocer que, a pesar de las penurias económicas por las que atravesaba el país, después de la lucha por la Independencia y del fallido imperio de Agustín de Iturbide, se había logrado vestir, armar y aumentar el Ejército, pagar los sueldos atrasados de los empleados y atender —en la medida de lo posible— la administración de justicia.
La primera vez que un Presidente rindió su informe sobre el estado general que guarda la administración pública del país, fue el presidente Venustiano Carranza, dando cumplimiento de la nueva Constitución, cuyos Artículos 65 y 69, disponen que el Congreso se reúna el 1º de septiembre de cada año para celebrar sesiones ordinarias y que el presidente de la República asista a la apertura de sesiones del Congreso para presentar un informe por escrito.
Fue a partir de ese momento, que el informe presidencial se ha llevado el 1º de septiembre, con tres excepciones: la de Obregón el 7 de febrero de 1921 durante la apertura de un periodo extraordinario de sesiones del Poder Legislativo; durante la transmisión del poder de Portes Gil a Ortiz Rubio, el 5 de febrero de 1930; y el 1º de noviembre de 1994, cuando el presidente Salinas presentó su último informe de acuerdo a una nueva fecha de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, fecha que al año siguiente fue cambiada de nueva cuenta al 1º de septiembre.
Tampoco se puede olvidar o ignorar que desde los primeros años de vida independiente del país, los gobernantes han informado al Congreso sobre el estado de la Nación, conforme a una disposición iniciada por la Constitución española en 1812, cuyos artículos del 121 al 123 preveían que el rey asistiera por sí mismo a la apertura de las Cortes, que entrara a la sala de las Cortes sin guardia y sólo le acompañaran las personas que determinara el ceremonial para el recibimiento y despedida del rey.
Debe decirse que los primeros informes que fueron presentados por los presidentes, no tuvieron reglamentación definida.
Ya como México independiente, Agustín de Iturbide presentó dos informes: en noviembre de 1822 y en marzo de 1823.
La Primera República Federal, encabezada por Guadalupe Victoria y promulgada la Constitución de 1824, en sus artículos 67 y 68 dispuso que anualmente se reuniría el Congreso el 1º de enero con la asistencia del presidente de la Federación, quien pronunciará un discurso análogo a este acto tan importante; y el que presida al Congreso contestará en términos generales. Siguiendo este ordenamiento, el 1º de enero de 1825, el presidente Guadalupe Victoria presentó el primer Informe Presidencial de la historia de México en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso General, e inició la tradición de informar verbalmente al Congreso.
A lo largo del siglo XIX, los presidentes informaron sobre su gestión entre tres o cuatro veces al año sin fecha fija o según se consideraba necesario conforme a las circunstancias políticas. En un México turbulento de aquellas épocas la necesidad de informar dio lugar a que se presentarán de manera continua.
Durante la dictadura de Santa Anna, la costumbre de informar perdió vigencia y ésta fue recuperada por la Constitución de 1857 en el artículo 63.
A la apertura de sesiones del Congreso asistirá el presidente de la Unión, y pronunciará un discurso en que manifieste el estado que guarda el país. El presidente del Congreso contestará en términos generales. Así, el presidente Juárez informó al Congreso diecinueve veces, entre marzo de 1868 y mayo de 1872; y en 1867, propuso que el informe fuera por escrito y no verbal, pero la iniciativa no prosperó por las circunstancias del momento.
Desde 1878, Porfirio Díaz estableció la costumbre de rendir dos informes anuales, presentados durante las aperturas de las sesiones ordinarias del Congreso. Como dato puede decirse que el Presidente Porfirio Díaz presentó en total sesenta y dos informes.
El primer Presidente que utilizó un automóvil para trasladarse a la Cámara de Diputados y presentar su Informe fue Adolfo de la Huerta.
En 1935, el informe presidencial del general Lázaro Cárdenas fue transmitido completamente por radio.
Otro dato que ha quedado en la memoria política, es el ocurrido por el El primer informe presidencial televisado fue el de Miguel Alemán Valdés en 1952.
El Presidente José López Portillo, en su sexto informe presidencial en 1982, lloró en la máxima tribuna de la nación al anunciar la crisis financiera por la que atravesaba el país.
Pero hay informes que ha servido para dar a conocer momentos de éxito, fue el primer periodo de sesiones del Congreso de la Unión, el 8 diciembre de 1867, cuando Benito Juárez anunció la victoria sobre los imperialistas y la determinación de fusilar a Maximiliano, en tanto era un acto de justicia que afianzaría la paz y pondría fin a las convulsiones internas.
Tres presidentes que atravesaron la década revolucionaria —Madero, Victoriano Huerta y Venustiano Carranza— poco tuvieron que informar de aquello que no tuviera que ver con el estado de guerra en el país.
Con la promulgación de una nueva Constitución el 5 de febrero de 1917 que, entre otras cosas, retomaba en su artículo 69 la obligación del Ejecutivo de acudir a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso para informar por escrito sobre el estado general que guardaba la administración pública de la nación.
Los informes presidenciales, de ser un espacio en donde se daba a conocer el estado que guarda la administración pública de la nación, empezó a convertirse en una ocasión para mostrar la solidez y cohesión del sistema político nacional en torno a la figura del Presidente de la República. Además, se fueron adhiriendo una serie de prácticas paralelas a la ceremonia principal, que se fue transformando así en un ritual complejo y elaborado.
Esto dio lugar a que el Informe Presidencial fue complementándose con el tiempo, hasta alcanzar un conjunto de actividades oficiales que convirtieron al día del informe en la fiesta por excelencia del presidencialismo mexicano, dándole una proyección popular y social que no abandonaría sino hasta los últimos años del siglo XX.
No puede olvidarse aquellos actos donde Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y ya con menor medida Vicente Fox, fueron las estrellas de esos actos, llamándose el Día del Presidente.
Los legisladores iniciaron la costumbre de nombrar comisiones especiales y de cortesía para visitar al Presidente en la residencia oficial de Los Pinos, y acompañarle a la ceremonia en la sede del Congreso.
Hasta mediados de los años 90's, se realizó el recorrido del Presidente por las calles de la ciudad, en un auto convertible en el que el mandatario saludaba a las multitudes que franqueaban las calles en todo el recorrido, mientras papeles de colores inundaban el ambiente.
Tras la lectura de su informe en la sede del Congreso, en el interior de Palacio Nacional, en el Salón Juárez, el mandatario recibía la salutación, primero de su gabinete, de gobernadores y después senadores, diputados, líderes sindicales, campesinos e invitados especiales. La vox popular conocía ese momento como el "besamanos". Posteriormente venía la fotografía con su gabinete de gobierno.
Al término de las ceremonias del día, ya para concluir, el Primer mandatario salía al final, al balcón presidencial para saludar a la muchedumbre que se congregaba en el Zócalo de la ciudad.
Sin embargo, desde mediados del siglo XX, comenzó a criticarse la forma en que se rendía este informe presidencial, que constituía un gran culto a la personalidad y convertía esta fecha en “el día del presidente”, y que los legisladores no podían interpelar ni debatir con el presidente.
En su duración, se transitó un largo camino desde el IV Informe del Presidente Abelardo Rodríguez del 1º de noviembre de 1934, que, con la respuesta que recibió del diputado Romeo Ortega, duró 7 horas y 35 minutos, hasta el Primer Informe del Presidente Ernesto Zedillo, del 1º de septiembre de 1995, que, con la respuesta que recibió de la Diputada Rosario Guerra, duró apenas 60 minutos.
También se recorrió un camino largo desde la lectura del Quinto Informe del Presidente José López Portillo en 1981, inaugurando así la nueva sede de San Lázaro, donde el elemento central era el Salón de Sesiones, marco grandioso para la entonces importante ceremonia. O en el Sexto Informe, el de 1982, cuando las interrupciones para aplaudir al Jefe del Ejecutivo sumaron casi 40, sólo en la lectura del mensaje final. De ahí se transitó a los actos de protesta adentro y afuera de San Lázaro.
Se caminó mucho también, desde que tras presentar su cuarto informe de gobierno en 1974, el Presidente Luís Echeverría saludó de mano, una por una, en Palacio Nacional, a 3 mil personas, hasta la cancelación que de esta ceremonia hizo el Presidente Ernesto Zedillo en 1995.
Aunque la creencia común es que las interpelaciones en los informes presidenciales iniciaron en 1988, antes de esa fecha hubo varias manifestaciones equivalentes.
En 1923, al responder el tercer informe presidencial de Álvaro Obregón, el diputado Jorge Prieto Laurens, increpó directamente al titular del Ejecutivo, reclamándole la imprudencia que a su juicio cometía, al querer obligar al país y a la clase política a aceptar al secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles, como su sustituto.
Al mismo Calles le tocaría enfrentar una situación similar. El 1º de septiembre de 1928, al rendir su cuarto y último informe de gobierno el Presidente Calles se refirió al asesinato de Álvaro Obregón, afirmando que se sentía abrumado por la muerte del Presidente electo de México, cuando Aurelio Manríquez, diputado obregonista por San Luís Potosí, se puso de pie calificándole de farsante, mentiroso y gritando vivas a Obregón.
A partir de 1995, con el presidente Ernesto Zedillo, fue cuando se inició la práctica de entregar por escrito su explicación detallada al Congreso y después dar un mensaje a la nación en un acto por separado.
En el 2008, el 15 de agosto se reformó el Artículo 69 constitucional que suprimió la obligación del presidente de asistir a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y llevó a que las Cámaras a que realizarán el análisis del informe y citarán a comparecer a los secretarios de Estado y otros funcionarios.
