Es muy fácil rasgarse las vestiduras y eso
precisamente es lo que los empresarios a través de sus confederaciones están
realizando de manera grotesca, tratando no solo de presionar la política del
garrote e imponer la ley y el estado de derecho a toda costa. Para la gran
mayoría de los ciudadanos, lo que pretende la clase empresarial es que se
imponga la ley a través del garrote y como dicen los aficionados de la lucha libre
y el boxeo “quieren ver sangre”.
Se equivocan los Presidentes de las
distintas confederaciones empresariales, tanto de industriales como de servicio
y turismo, que a través de una política del garrote, el chantaje y la
violencia, la situación que prevalece en torno a la Reforma Educativa y en
general de las reformas estructurales emprendidas por el Gobierno Federal, se
pueden resolver.
En las últimas décadas, el Gobierno
Federal ha sido un excelente aliado de las empresas, tanto nacionales como extranjeras,
Los empresarios han recibido un trato privilegiado y eso les ha permitido
amasar enormes fortunas. De acuerdo a la lista de los principales millonarios
de México, destacan Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo
Salinas Pliego, vinculados a ramas concesionadas y con tratamientos fiscales
privilegiados, como es el caso de Larrea y Bailleres, en la minería.
Dependiendo de la rama, el trato que se
observa es privilegiado, ya sea por un mercado protegido, sobreprecios,
regímenes impositivos especiales y muchos otros beneficios a los que únicamente
se puede acceder con la complacencia de los funcionarios públicos. Y quienes
tienen su dinero en los paraísos fiscales, también cuentan con beneficios ya
que las autoridades hacendarias, ni cuenta se dan de esa fuga de capitales, y
cuando se enteran por otras vías, otorgan facilidades salvando con ello los
delitos fiscales, los recargos y las multas si traen sus recursos de regreso al
país durante el primer semestre de este año y pagan el correspondiente impuesto
sobre la renta.
Un ejemplo fue el generoso programa de
repatriación de capitales que permite a los empresarios que aparecieron en la
lista de los Panama Papers.
La realidad de las cosas es que la
corrupción, no solo es privativa del sector público, además, existe en el
sector privado y en un gran número van de la mano.
Uno de los problemas centrales es que los
empresarios invaden los espacios públicos, buscando a toda costa poner las
leyes a su favor, por ello la disputa d espacios de representación popular es
muy importante y que decir de esos espacios en la administración pública
federal, donde realizan a su antojo diversos cambios y ponen en marcha
proyectos procurando beneficiar a sus sectores.
Los empresarios que actualmente cuenta
México, no tienen la visión social que se requiere para poder sacar adelante al
país, al contrario, presionan para que el Gobierno Federal les ponga en bandeja
de plata los bienes de la nación y puedan explotar sin restricciones la riqueza
de la Nación.
Esas omisiones son las que más lastima al
país y provocan la desigualdad social y es necesario que la población se ampare
ante el actuar de un Gobierno que no logra comprender que su principal objetivo
es atender a la población en su conjunto.
Ahora resulta, que la Confederación de
Cámaras Industriales (Concamin) junto con el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco Servytur) y la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) se han sumado a las demandas y denuncias en contra de las protestas
y bloqueos que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE),
realiza en Oaxaca y Chiapas, principalmente.
Como medidas de presión, el sector
empresarial ha dado a conocer que cancelara las inversiones y presentarán en
cero sus declaraciones de impuestos, culpando de esta acción los bloqueos de la
CNTE; con el fin de que el Gobierno Federal asuma una posición de mayor choque
contra los manifestantes y la población.
Pero el problema no se encuentra en los
bloqueos, sino en el rechazo que la población tiene en diversas marcas y
productos que los empresarios ofrecen en sus tiendas de autoservicio, que
empieza a impactar las utilidades de los empresarios.
En conferencia de prensa, Manuel Herrera
Vega, presidente de la Concamin, calculó en 50 mil millones de pesos las
inversiones que se detendrán en los estados afectados por las movilizaciones de
los maestros (Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán), con la consecuente
cancelación de 40 mil nuevas plazas de trabajo.
Herrera Vega, señalo que las protestas del
magisterio provocan que los empresarios comiencen a perder el interés en
invertir en las zonas económicas especiales, proyecto del gobierno federal para
instalar polos de desarrollo industrial que beneficien a la zona sur de México.
Las reformas estructurales están mostrando
sus verdaderos efectos hacia la economía nacional y sobre todo de la población.
El entorno económico internacional negativo ha puesto de rodillas al Gobierno
Federal que observa como sus proyecciones y expectativas de crecimiento
económico y desarrollo se estrellan con la realidad prevaleciente. Las grandes
promesas de beneficio social dadas a conocer por la implementación de las
Reformas Estructurales se han esfumado y la población observa el verdadero
rostro de pobreza y marginación que existe en México.
Uno de los problemas, que esta impactando
tanto al sector público como privado es que los recortes que se han hecho al
gasto público afectan de manera significativa el gasto en inversión, pues con
ello el gobierno federal ha dejado de invertir en obras públicas como
carreteras, puentes o construcción de puertos, lo que a su vez afecta la
productividad y crecimiento del país.
Cabe mencionar, que de acuerdo con datos
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el primer semestre
del año, el gasto en inversión fue de 349,972 millones de pesos, una reducción
real anual de 16.6% frente al mismo periodo del 2015, el monto más bajo que se
haya visto desde el 2013 en un periodo similar, cuando se gastaron 289,969
millones de pesos.
Por otra parte, los bajos precios del
petróleo a nivel internacional, aunado a una menor producción por parte de
Pemex, da lugar a que se tomen medidas emergentes y estas van directamente a
reducir los gastos de inversión del sector público. El incremento de las
gasolinas y la electricidad, son medidas que permiten sanear en lo posible los
efectos de su principal fuente de recursos que dispone el Gobierno; sin embargo,
cargar el costo a la población significa avanzar por un camino que puede
generar mayores dificultades económicas a los que menos tienen.
Las empresas se quejan que las medidas de
incremento de precios de los combustibles afectan sus costos y por ende
provocaría alzas en los precios de sus productos y servicios, provocando con
ello un efecto de disminución de demanda por parte de la población. La
inflación puede dispararse provocando graves consecuencias para los bolsillos
de la población.
No debe ignorarse, que la principal
empresa paraestatal, Pemex, ha sido al que más recursos se le han ajustado; en
los últimos dos años acumula recortes por 162,000 millones de pesos, de los
cuales, la mayoría se ha ajustado en inversión y que decir en la disminución de
su personal.
Pensar que el sector privado sustituya al gobierno
en inversión pública, es una fantasía, ya que la obra privada se realiza con
financiamiento, pero los costos de éste en nuestro país son muy altos, al igual
que el margen de rentabilidad es muy bajo y, por lo tanto, poco atractivo para
la iniciativa privada. Simplemente, el sector privado difícilmente podría
sustituir la inversión pública. Salvo en el caso de inversión en mantenimiento
de la obra ya sean carreteras, puentes, puertos o aeropuertos. No se nos olvide
que en más de una ocasión el gobierno ha tenido que entrar al quite en cuanto
al rescate carretero, derivado a la insolvencia de los empresarios.
Como podrá apreciarse, los empresarios
buscan culpables de los bloqueos y determinan que los maestros provocan grandes
perdidas; sin embargo, la realidad de las cosas es que las acciones emprendidas
por el Gobierno Federal junto con los sectores empresariales, son los
principales promotores del desastre de una economía que ha sido afectada a
través de las reformas estructurales.
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