lunes, 2 de septiembre de 2019

Breve reseña del Primer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.


En estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 6 de la Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal presento al Honorable Congreso de la Unión el Primer Informe de Gobierno. El objetivo de este documento es manifestar el estado general que guarda la Administración Pública Federal del país y hacer mención expresa de las acciones y los resultados relacionados con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND).
Uno de los primeros compromisos que asumió el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al tomar posesión como Ejecutivo Federal, fue sin lugar a dudas, el convocar a los ciudadanos para emprender juntos la Cuarta Transformación de la vida pública de México.
A nueve meses del inicio de la presente administración, López Obrador da a conocer su Primer Informe de Gobierno, donde explica cómo se ha venido ejecutando la política para la transformación y los avances que se han logrado para que la Cuarta Transformación pueda derivar a un hecho real en la práctica cotidiana.
El documento de referencia, rinde cuentas de los logros y avances, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de agosto de 2019, encaminados a establecer y conducir con eficiencia un modelo viable de desarrollo económico sostenible, ordenamiento político y convivencia entre todos los sectores de la sociedad.
El documento está compuesto por los tres ejes fundamentales del PND: Política y Gobierno, Política Social y Economía, incluye un apartado de anexo.
En materia de Política y Gobierno, se describe las acciones que esta administración está llevando a cabo para erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad. Asimismo, las acciones realizadas para recuperar el Estado de derecho, separar el poder político del económico y en concretar un cambio de paradigma en materia de seguridad. Adicionalmente, se aborda los mecanismos de democracia participativa —como las consultas populares— con el fin de incluir a grupos de la población que han sido sistemáticamente excluidos.
Uno de los principales objetivos del presente Gobierno de México es combatir la corrupción y la impunidad. En ese sentido, se han implementado medidas para prevenir y sancionar la corrupción, además de impulsar una Nueva Ética Pública en la Administración Pública Federal (APF).
El 5 de febrero de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un nuevo Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal. A través de los 303 Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, se difunden las medidas de austeridad republicana, así como las normas y valores que el nuevo código establece.
Asimismo, se ha promovido la transparencia y la legalidad en toda la APF. En 2019 se logró, por primera vez, que el 100% del gabinete ampliado, subsecretarios y delegados federales hicieran públicas sus Declaraciones Patrimoniales y de Interés. Además, a través de los órganos de vigilancia y control, se procura que todas las dependencias y entidades difundan y cumplan los principios y ordenamientos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se ha fortalecido la vigilancia y el control interno en todas las dependencias y entidades de la APF. A través de 213 Órganos Internos de Control (OIC) y unidades de responsabilidades, se promueve una gestión pública con integridad en todo el gobierno.
Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2019, se han transferido a la SFP —a través de convenios entre las Unidades de Administración y Finanzas— los OIC de 13 secretarías de Estado. Para combatir las causas y efectos de la corrupción, el Gobierno de México ha emprendido una campaña para abatir el rezago en los procedimientos de quejas y denuncias, de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de sanciones a proveedores y contratistas.
El relanzamiento de la Función Pública como dependencia responsable de la lucha contra la corrupción busca construir una institución capaz de conformar una nueva ética pública en el país. Para lograrlo, se desarrolló un plan de acción basado en cinco ejes: 1) Impulsar la Austeridad Republicana; 2) Ciudadanizar el Combate a la Corrupción; 3) Relanzar el Servicio Profesional de Carrera; 4) Democratizar las Tecnologías, 5) Proteger la denuncia y a los alertadores internos.
En cuanto a impulsar la Austeridad Republicana, la nueva administración busca erradicar los derroches y reorientar los recursos públicos a programas integrales de bienestar y proyectos de infraestructura. Ninguna de las medidas instrumentadas afecta la operación sustantiva de las instituciones del Estado ni la provisión de servicios públicos. Tampoco son afectados los programas integrales de bienestar que impulsa la administración.
Bajo tales medidas, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, presenta una reducción en el gasto en servicios personales, tanto por una reducción en el número de plazas de estructura, como por una disminución de los sueldos y salarios de los altos funcionarios entre 12% y 47%. La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2018, sentó las bases para el rediseño de esas estructuras. El objetivo de esta medida fue eliminar duplicidades y fusionar áreas afines, así como centralizar la operación en una sola unidad o coordinación. Para implementar estos cambios, la SFP y la Secretaría de Hacienda y Crédito público (SHCP) emitieron el Manual de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y el Tabulador de Sueldos y Salarios Brutos aplicable al Presidente de la República y a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la APF (con vigencia a partir del 1 de enero de 2019).
Un tema que estaba teniendo un seguimiento importante por profesionistas en el país, es sin lugar a dudas, el Sistema Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, al respecto en el Informe, se da a conocer que se esta avanzando en el relanzamiento del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Federal, ahora este sistema contará con perspectiva de género.
La profesionalización del servicio público, es un tema de gran importancia e interes, ya que disponer de servidores públicos de calidad y calidez, permitirá reconstruir la esencia del servidor público. Se han planteado una serie de reformas que conforman el marco del relanzamiento del Servicio Profesional de Carrera (SPC). En materia de ingreso a la APF, el pasado 23 de mayo se emitió la “Metodología para la valoración de la Capacidad Comprobada y obtención de la constancia que acredita los requisitos de ocupación de puesto de los candidatos a ingresar a la Administración Pública Federal”, con el fin de flexibilizar los procesos de ingreso al Gobierno Federal.
Asimismo, se actualizó el Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal para permitir la adecuada planeación de los recursos humanos. Entre los primeros hallazgos del análisis de esta información, se identificó la necesidad de construir un servicio público más incluyente: sólo 3,179, menos de 1% de los servidores públicos del Gobierno Federal, hablan alguna de las 62 lenguas originarias del país, mientras que la razón de hombres y mujeres en el SPC es de 1.5%. Se trabaja para incorporar una perspectiva de género en el SPC y consolidar un marco institucional y de cultura laboral que garantice la plena vigencia de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación en el servicio público. Se espera que las modificaciones que se instrumenten coadyuven a fortalecer la igualdad de oportunidades, sin que ello signifique atentar con la selección adecuada de los más preparados para acceder a la Administración Pública, elemento esencial que debe tenerse muy en cuenta.
Con ese propósito, el 5 de febrero de 2019 se emitieron las Directrices para la Investigación con Perspectiva de Género y Debida Diligencia de los Casos Relacionados con la Vulneración a los Derechos Humanos de las Mujeres Embarazadas, dirigidas a las autoridades de los OIC competentes. El 7 de marzo, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se presentó también el Proyecto de Profesionalización en el Servicio Público con Igualdad de Género, que busca mejorar las reglas de ingreso, desarrollo profesional y permanencia en el servicio público para que sean más equitativas.
Otro tema de interés que viene avanzándose es el relativo de Democratizar las Tecnologías. El gobierno está trabajado para poner la información pública y las nuevas aplicaciones tecnológicas al servicio de los ciudadanos a fin de facilitar y promover su participación en nuestra democracia. Se ha avanzado en un sistema que permitirá cruzar la información de auditoría de SFP con las denuncias de los ciudadanos para tener una fiscalización más cercana y constante.
Con el fin de sumar a los ciudadanos en el combate a la corrupción y la impunidad, la SFP lanzó el Programa Piloto de Protección a Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción. Esto con el fin de promover la denuncia y proteger los derechos de alertadores de la corrupción. Este programa otorga medidas de protección a quienes denuncien actos graves de corrupción, violaciones a derechos humanos y hostigamiento y acoso sexual en el Gobierno Federal.
Con la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se ha dado inicio al proceso de implementación de un sistema de contrataciones consolidadas basado en las mejores prácticas internacionales.
Los rubros que podrían ser susceptibles de proceso de consolidación durante el ejercicio fiscal 2019, son los siguientes:
• Medicamentos;
• Arrendamiento de equipo de transporte;
• Arrendamiento de ambulancias;
• Combustibles;
• Limpieza, jardinería y fumigación;
• Servicio de vigilancia, y
• Material y útiles de oficina.
Adicionalmente, se brinda acompañamiento en compras específicas y estratégicas relacionadas con programas y proyectos prioritarios, como “Sembrando Vida”, o la compra de rieles para el Tren Maya.
En lo relativo a la estrategia de seguridad, se dio inicio a una nueva estrategia centrada en atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Se reformó la Constitución y se creó la Guardia Nacional con la finalidad de proteger a los mexicanos y, así, garantizar la seguridad pública. Esta nueva institución comenzó a operar el 30 de junio de 2019 para atender 150 regiones del país con 58,602 elementos al 13 de agosto. El Gobierno de México aspira a consolidar la más estrecha, constructiva y respetuosa relación con todos los pueblos y gobiernos del mundo.
En materia de política exterior de nuestro país, el cuál se basa en el derecho internacional y en los valores de paz, entendimiento mutuo y prosperidad compartida. Se busca recuperar como guía suprema los principios establecidos en la fracción X del artículo 89 constitucional. La activa presencia de México en el mundo se orienta a fortalecer el desarrollo y bienestar de las mexicanas y los mexicanos, así como a impulsar el crecimiento económico interno. De esta manera, la nueva diplomacia mexicana transmite al mundo la profunda transformación que está en marcha en México. Por vecindad geográfica, identidad cultural y aspiraciones compartidas, América Latina y el Caribe es una región prioritaria para México.
La nueva política exterior busca contribuir al desarrollo social y abatir la pobreza y la inseguridad en Centroamérica, causas primarias de la migración forzada. Los grandes proyectos productivos regionales que impulsa el gobierno operarán como cortinas de desarrollo de sur a norte del territorio y generarán la prosperidad económica que se necesita para lograr que la migración sea voluntaria y no por necesidad.
Se sigue reforzando la atención a grupos vulnerables mediante la capacitación de funcionarios de la red consular y la Cancillería sobre el uso de los protocolos consulares de atención especializada a niñas, niños y adolescentes no acompañados; víctimas de violencia de género, trata de personas y crímenes de odio.
La segunda vertiente del Informe relativo a la Política Social, la actual administración parte de la premisa de que las políticas sociales de los últimos treinta años han sido insuficientes para incidir positivamente en los niveles de pobreza y resolver las desigualdades sociales y económicas entre los diferentes grupos de población.
Bajo tales premisas, el Gobierno de México orienta sus estrategias y programas hacia la atención de aquellos grupos que históricamente han padecido discriminación y presentan los mayores rezagos en materia de educación, salud, vivienda, alimentación, proyectos productivos y protección social, entre otros.
El Gobierno de la Cuarta Transformación, pretende construir un país con bienestar y requiere la inclusión y participación de todos los grupos, en particular de los más pobres. En este sentido, se establecieron tres criterios para priorizar la implementación de los Programas Integrales de Bienestar: población indígena, grado de marginación y altos índices de violencia. Esto es una condición necesaria para lograr un desarrollo incluyente y equitativo. Los programas insignia que se han puesto en marcha son los siguientes:
• Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores con la finalidad de reducir sus condiciones de vulnerabilidad y otorgarles un ingreso básico mediante una pensión universal no contributiva.
• Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente para contribuir al bienestar social e igualdad y reducción de la pobreza de las niñas, niños, jóvenes y adultos que han sufrido discriminación por su condición física y de salud.
• Sembrando Vida proporciona formación técnica productiva y fomenta la inclusión financiera de la población rural de localidades marginadas en las regiones de mayor biodiversidad del país, y, así, contribuye al fortalecimiento social local.
• Programa Nacional de Reconstrucción busca apoyar a las personas y comunidades que fueron afectadas por los sismos ocurridos en septiembre de 2017 y febrero de 2018 con acciones de construcción y reconstrucción de viviendas, escuelas, centros de salud, edificios públicos y templos que forman parte del patrimonio cultural del país.
• Programa de Mejoramiento Urbano para garantizar a la población el acceso a una vivienda y servicios públicos adecuados mediante subsidios federales.
• Jóvenes Construyendo el Futuro otorga una beca mensual a jóvenes aprendices para que se capaciten por un periodo de hasta 12 meses en empresas, instituciones públicas u organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de desarrollar sus habilidades técnicas y hábitos de trabajo que les faciliten su inserción en el mercado laboral.
• Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez se otorgan prioritariamente a estudiantes que cursen los diversos niveles de educación básica, media superior y superior, en zonas indígenas o con alto nivel de marginación.
Una de las premisas básicas de la administración es la educación, con el fin de que la población alcance mayores niveles de bienestar.
El Gobierno de México trabaja arduamente para ofrecer educación de calidad con equidad, como derecho de todos los mexicanos, bajo los principios de universalidad, gratuidad, laicidad, obligatoriedad, democracia, integralidad, equidad y excelencia.
La aprobación de la reforma constitucional en materia educativa, con la cual se derogó la anteriormente llamada reforma educativa, es un botón de muestra que pretende corregir el camino para mejorar y elevar el nivel de educación.
Otro tema de gran interés es el relativo al derecho constitucional de las y los mexicanos a la salud. Para ello, las acciones se han orientado a superar la fragmentación del sistema de salud que operó en el pasado, se avanza en la conformación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.
Éste instituto busca garantizar la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos asociados a la población carente de seguridad social. La nueva política de salud se basa en los principios de universalidad y reducción de la desigualdad, el combate a la corrupción y la mejora de la gestión pública, aunado a medidas de austeridad que han contribuido a la generación de ahorros y al mejor manejo de los recursos públicos.
En cuanto a la política cultural del Estado Mexicano se esta dando prioridad a los grupos históricamente excluidos, trabaja con auténtica perspectiva de derechos humanos y realiza esfuerzos inéditos por conseguir mayor cobertura territorial. Las manifestaciones de las comunidades, antes consideradas expresiones periféricas, ahora están en el centro y son testimonio vivo de la fuerza de nuestra diversidad y capacidad para construir espacios de diálogo y comprensión mutua.
Adicionalmente, se creó el Programa Cultura Comunitaria, el cual atiende a la población en condiciones de vulnerabilidad o en contextos de violencia de todo el país. Mediante sus diversas líneas de acción, este programa contribuye al reconocimiento e impulso a las culturas locales, la formación artística comunitaria con infancias y juventudes, la vinculación creativa con las realidades diversas de nuestro país y la recuperación afectiva y construcción colectiva del espacio público.
La tercera vertiente del Informe es la Economía, el Gobierno de México parte de la concepción de que el crecimiento, por sí mismo, no implica desarrollo. Es decir, con el desarrollo económico, además de crear riqueza, se logra que ésta se distribuya de manera justa. Bajo este nuevo paradigma, la presente administración busca lograr la reconstrucción del tejido social y, con ello, el bienestar de la población.
El enfoque económico que se propone se basa en la disciplina fiscal, el cese al endeudamiento, el respeto a la autonomía del Banco de México, la creación de empleos, el fortalecimiento del mercado interno, el impulso al campo, a la ciencia, tecnología e innovación.
A pesar de las limitantes que se han presentado en los meses recientes, los indicadores económicos son satisfactores.
La actual administración establece su compromiso de mantener la estabilidad macroeconómica y el impulso de una política de austeridad al interior de la Administración Pública Federal, ya que considera que son factores fundamentales para detonar el crecimiento de la economía y su desarrollo. Por primera vez en la historia de este país, se fijó el salario mínimo considerando la Línea de Pobreza por Ingresos definida por el CONEVAL. Con ello, se impulsó una nueva política de salarios mínimos que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2019, con el fin de lograr la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos y avanzar en el bienestar de toda la población.
Para estimular la inversión, fomentar la productividad y contribuir a la creación de fuentes de empleo en la frontera norte del país, se establecieron diversos beneficios fiscales aplicables a los contribuyentes y se aumentó el salario mínimo al doble.
En cuanto a la política energética del gobierno mexicano, este garantiza el suministro de combustibles y energía eléctrica a precios accesibles. Además, se ha diseñado un programa de producción de combustibles para reducir las importaciones y lograr una autosuficiencia energética en el mediano plazo. Hay avances en la materia que permite considerar que se transita por un buen camino.
Asimismo, con una visión hacia la seguridad nacional, se ha elaborado un programa para fortalecer a las empresas productivas del Estado, del sector de hidrocarburos y del sector eléctrico. El Gobierno de México ha impulsado la exploración, producción y transformación de petróleo y gas.
En lo que respecta a la Comisión Federal de Electricidad ha trabajado en la modernización de las instalaciones generadoras de electricidad para restablecer su capacidad.
Por lo que se refiere al aumento de la producción de alimentos es una prioridad estratégica del Gobierno de la República. Las actividades agropecuarias y pesqueras están orientadas a elevar la productividad agrícola con base en un enfoque territorial y sostenible, sustentado en el apoyo a los pequeños y medianos productores rurales.
La articulación de políticas de fomento productivo a la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura, así como acciones de aprovechamiento sostenible del potencial agroecológico resultan esenciales para el rescate del campo y el combate a la pobreza.
Adicionalmente, se vienen instrumentando el rescate del campo mexicano mediante los nuevos programas presupuestarios, tales como Crédito Ganadero a la Palabra, Producción para el Bienestar y Precios de Garantía. Estos se dirigen principalmente a pequeños y medianos productores y productoras, cuya mayoría ha vivido históricamente en condiciones de rezago y marginación.
Para reactivar la economía, se ha facilitado el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas mediante el programa Tandas para el Bienestar. Aunado a este esfuerzo, la banca de desarrollo enfocó sus actividades en aquellos sectores que requieren de financiamiento y que, por sus características, no atiende la banca comercial.
Cabe mencionar, que recientemente se ha puesto en marcha la creación del Banco del Bienestar, cuyo objetivo es ampliar la inclusión financiera y, así, facilitar que las personas en comunidades apartadas y con mayor rezago puedan acceder a apoyos que contribuyen a garantizar sus derechos.
Por tanto, este Primer Informe reúne las acciones y esfuerzos realizados durante estos siete meses de Gobierno para sentar las bases de la Cuarta Transformación de la vida pública: una administración pública honesta y austera, un Estado de derecho funcional, un mercado interno fortalecido, un proceso de pacificación en curso y, lo más importante, una población comprometida en la construcción de su propio bienestar.
Es así, que a grandes rasgos se da a conocer las principales vertientes del Informe de Gobiero de la Presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador. El documento ya se encuentra para su consulta y los anexos correspondientes, con el fin de que las personas y ciudadanos que estén interesados en conocer con mayor precisión sobre este Informe, puedan acceder al mismo.
El Jefe del Ejecutivo Federal, de esta manera brinda e informa de la situación que guarda su administración en materia económica, política y de seguridad.
"Por el bien de todos, primero los pobres", dijo al referirse a la visión económica que guarda la llamada Cuarta Transformación (4T).

Documento fuente: Primer Informe de Gobierno 2019.

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