La corrupción, la
impunidad, la omisión y la complicidad fueron los principales factores que han
generado en Veracruz un desastre en materia económica, política y social. El
poder ejecutivo estatal, legislativo y judicial, brillaron por su ausencia en
un lapso de cinco años y medio, donde la inseguridad, la pobreza, marginación y
saqueo de los recursos públicos fue una labor constante.
Veracruz, en estos
momentos, se encuentra ahogado por los adeudos tanto públicos como privados,
deudas que deberán revisarse uno a uno, para poder determinar y detectar a
todos aquellos que de manera consciente o inconsciente pudieron haber
participado en un verdadero fraude a las arcas del gobierno estatal.
Hoy más que nunca,
es necesario que quienes atentaron en contra de Veracruz, sumiéndolo en el caos
económico y social, sean llamados a cuenta y se ejerza el estado de derecho y
se finque responsabilidades a todo aquel que participo en el desastre de
Veracruz.
En la mira no solo
se encuentra el ex – gobernador Javier Duarte, existe complicidades, omisiones
y opacidad de diferentes niveles de gobierno, tanto estatal como Federal, que
validaron de manera descarada el saqueo que sufría el Estado de Veracruz, hoy
más que nunca, diputados locales, presidentes municipales y cabildos en pleno
deberán comparecer para deslindar responsabilidades, Veracruz sufre a carne
propia el descuido de sus gobernantes y de empresarios que han provocado la
debacle de una gran entidad federativa.
Las investigaciones
deben dirigirse hacia el sector empresarial y determinar el nivel de
complicidad financiera y económica, para sancionar de manera contundente la
corrupción y la complicidad a nivel público y privado que han colocado a
Veracruz al borde del desastre económico.
En 2015, el patrimonio de los
veracruzanos se vio afectado en por lo menos 16 mil millones de pesos, de
acuerdo con el dictamen de la Cuenta Pública del ejercicio anterior, aprobado
por el Congreso Local el 31 de noviembre pasado.
El documento, avalado con 47 votos a
favor, dos en contra y una abstención, expresa que el órgano fiscalizador dio
cuenta de irregularidades millonarias y de la falta de comprobación de mil 994
pesos que gastó la oficina de Comunicación Social.
La Transparencia y rendición de cuentas,
así como, la armonización contable brillaron por su ausencia. Es en este punto
que deberá hacerse cambios sustanciales, tanto en el marco normativo, técnico
como jurídico en materia de contabilidad gubernamental, ya que lo que ocurrió
en Veracruz en materia del origen y destino de los recursos públicos deja mucho
que desear.
Asimismo, los Organos Superiores de
Fiscalización de los Estados como la SHCP deberán asumir un compromiso más
claro y contundente en cuanto a la fiscalización de los recursos públicos en
tiempo y forma.
Ante la emergencia económica que sufre
Veracruz, el gobierno que habrá de recibir el nuevo gobernador electo Miguel
Ángel Yunes Linares, tendrá muy poco margen de acción, ya que su mandato será
de dos años y con un año electoral local en el 2017, pues su mandato implica un
verdadero problema, ya que el Estado de Veracruz requiere con urgencia por lo
menos 11 mil millones de pesos, con el fin de sanear las finanzas de la entidad
y la SHCP ahora deberá buscar de donde obtiene esos recursos.
Es así que Veracruz, servirá de ejemplo,
para que se realicen modificaciones y adecuaciones en materia de Transparencia,
Rendición de Cuentas y Armonización contable. Además, deberá hacerse la investigación
correspondiente para deslindar responsabilidades en los diferentes niveles de
gobierno y sector empresarial, ya que lo que hoy padece la entidad jarocha, se
deriva de una gran corrupción no solamente de un solo hombre, sino de un gran
número de personas que por omisión o complacencia, permitieron el desastre que
hoy se vive en Veracruz.
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