S.S. Benedicto XVI
Presente
Nos dirigimos a usted con el respeto que se merece, tanto por su investidura de Jefe de Estado, como por tratarse del principal dirigente de la Iglesia Católica en el mundo.
Considero ésta una gran oportunidad para poder expresar a usted, de manera sincera y directa, los sentimientos de millones de mexicanos que formamos parte del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), en el que participan indígenas de todas las culturas, campesinos, pescadores, obreros, trabajadores independientes, maestros, estudiantes, profesionistas, comunicadores, productores del campo –sean comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios– artesanos, artistas, intelectuales, científicos, comerciantes y empresarios.
Es un movimiento amplio, plural e incluyente, integrado por mujeres y hombres de distintas corrientes de pensamiento. Hay católicos, evangélicos de todas las denominaciones, creyentes de otras religiones y librepensadores.
Llega usted en uno de los momentos más difíciles y duros de nuestra historia. Son tiempos de sufrimiento y desdicha. La profunda crisis que nos afecta en todos los órdenes de la vida pública ha producido pobreza, desempleo, migración, inseguridad, violencia, impunidad, corrupción, pérdida de valores, miedo, tristeza y desencanto.
En estas líneas no pretendemos describir en detalle los males que nos aquejan, sino expresar a usted nuestro punto de vista sobre las causas que originaron la actual decadencia y la forma en que pensamos pueden remediarse los graves problemas nacionales.
Nosotros actuamos sin calumniar, juzgar, o condenar a nadie, ni mucho menos haciendo distinción entre buenos y malos; simplemente decimos, con toda libertad, lo que pensamos y lo que sentimos.
Desde nuestra visión, la crisis de México viene de tiempo atrás, pero se precipitó desde finales de los años setenta cuando, a nivel mundial, se comenzó a diseñar y aplicar un nuevo modelo que permitiera a los grandes poderes económicos dominar a los estados nacionales y apoderarse de los recursos naturales y de los bienes de la inmensa mayoría de los seres humanos.
Con esa encomienda, y a través de una serie de sofismas y recomendaciones, nos hicieron creer que la privatización era la panacea, que el Estado no debía promover el desarrollo económico y social, y que si les iba bien a los de arriba, la prosperidad gotearía hacia los de abajo, como si la riqueza en sí misma fuese permeable o contagiosa.
De esta forma, un pequeño grupo fue imponiendo, en todos los países y en todos los continentes, la agenda de las llamadas reformas estructurales, haciendo a un lado las necesidades reales de los pueblos y sometiendo a los gobiernos de muchas naciones.
En el caso de México, estas políticas empezaron a impulsarse desde 1983, se profundizaron de 1988 a 1994, y se continúan aplicando hasta nuestros días. Durante este período, los gobiernos de los dos partidos de derecha, prácticamente privatizaron al Estado, modificaron a la medida de estos intereses el marco legal y aprobaron reformas a la Constitución y a las leyes para trasladar bienes y riquezas de todos los mexicanos a particulares nacionales y extranjeros.
De este modo, se entregaron a manos privadas casi todas las empresas públicas, entre ellas, los bancos, Teléfonos de México, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, líneas aéreas, medios de comunicación, ingenios azucareros, siderúrgicas, fábricas de tractores, automóviles y motores, cementeras, tuberías, maquinaria. Se concesionaron a empresas mineras 50 millones de hectáreas, que representan el 25 por ciento de todo el territorio nacional, y que son, en su mayoría, tierras comunales y ejidales, propiedad de indígenas y campesinos. No está de más decirle que estas empresas que explotan el oro, la plata y el cobre, han quedado exentas del pago de impuestos por la extracción de estos minerales. Lo mismo ha sucedido con la industria eléctrica y prevalece la gran tentación de privatizar el petróleo.
La ambición y el afán de lucro, ha llevado a ejecutar reformas para manejar, en beneficio de particulares, las pensiones de los trabajadores, los servicios de salud, el abasto de agua, la recolección de basura y, con ese mismo criterio, se limitó la gratuidad de la educación pública a nivel básico y se dejó a expensas del mercado, como si fuese una mercancía, la educación media superior y universitaria.
En este período se aumentó del 10 al 16 por ciento el impuesto al consumo y, en contraste, se reformó la ley del Impuesto sobre la Renta para conceder el privilegio a las grandes corporaciones económicas y financieras de diferir el pago de impuestos hasta por el 100 por ciento de sus contribuciones. Y en todo este tiempo, el presupuesto público, que es dinero de todos, en vez de ser utilizado para promover el desarrollo, crear fuentes de trabajo y para el bienestar del pueblo, ha sido confiscado y se ha utilizado fundamentalmente para rescatar instituciones financieras y empresas particulares en quiebra, y para favorecer a una minoría de traficantes de influencias y políticos corruptos.
Los resultados de esta política de élite han sido desastrosos: se acumuló como nunca riqueza en unas cuantas manos, pero la economía nacional, en 29 años, ha permanecido estancada; y la falta de crecimiento económico ha limitado la creación de empleos. En la actualidad, la falta de trabajo es, junto con la inseguridad, la preocupación principal de los mexicanos. La tasa de desempleo y subempleo, es del 21 por ciento de la población económicamente activa. Y, según cifras oficiales, el 67 por ciento de los trabajadores ocupados, siete de cada diez, recibe ingresos que no superan los 3 salarios mínimos, o sea, 13 dólares diarios. Esta es la razón por la que millones de mexicanos se han visto obligados a emigrar a los Estados Unidos, han optado por buscar el sustento de sus familias en la economía informal o, en no pocos casos, han tomado el camino de las conductas antisociales.
Como usted comprenderá, Sumo Pontífice, la insensatez y la codicia dieron lugar a la actual crisis de inseguridad y de violencia. Por esta causa, en los últimos 5 años, han perdido la vida alrededor de 60 mil mexicanos, sin considerar a los desaparecidos, con el dolor tan grande que atormenta a sus familiares. En algunos casos, se trata de víctimas inocentes y, en su mayoría, los muertos eran jóvenes que no tuvieron oportunidades de trabajo ni de estudio y que, obligados por las circunstancias, se enrolaron en las filas de la delincuencia.
Conociendo su sensibilidad ante estos problemas, es nuestro deber informarle que los responsables de esta inhumana y terrible tragedia, no han sido capaces ni siquiera de aceptar que la pobreza y la falta de oportunidades de empleo y de bienestar originaron tal estallido de odio y resentimiento. Por el contrario, con una insensibilidad extrema, están empeñados en mantener, a costa de lo que sea, el actual régimen de injusticias, corrupción y privilegios y pretenden resolver este flagelo sólo con medidas coercitivas. Es decir, enfrentando la violencia con la violencia, el mal con el mal, causando aún más desgracias y agraviando los sentimientos más humanitarios que hay en el fondo del alma del ser humano, creyente o no creyente.
Esta es la amarga realidad y el motivo de nuestra lucha. Estamos proponiendo regenerar la vida pública de México mediante una nueva forma de hacer política, aplicando en prudente armonía tres ideas rectoras: la honestidad, la justicia y el amor. Honestidad y justicia para mejorar las condiciones de vida y alcanzar la tranquilidad y la paz pública; el amor para promover el bien y lograr la felicidad.
Este cambio queremos lograrlo, sin violencia, con la participación consciente y organizada de los ciudadanos en el próximo proceso electoral federal. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Y, aunque sostenemos que representamos la única opción para lograr el renacimiento de México, pretendemos convencer y persuadir a todos, sin imponer absolutamente nada. Convocamos a la unidad y llamamos a la reconciliación nacional, insistiendo en que anhelamos justicia, no venganza, y que buscamos el cambio por el camino de la concordia.
Proponemos, también, que esta unidad en la diversidad se pueda hacer efectiva, construyendo juntos un nuevo pacto social, un acuerdo con compromisos muy puntuales como, por ejemplo, impulsar actividades productivas y generar empleos; rescatar al campo del abandono en que se encuentra y lograr la soberanía alimentaria, apoyar a las pequeñas y medianas empresas que son las que más ocupan mano de obra; impulsar la industria de la construcción para reactivar pronto la economía, realizar la infraestructura y las obras públicas que hacen falta y crear empleos; manejar de manera integral el sector energético y utilizarlo como palanca del desarrollo; construir cinco grandes refinerías; operar a toda su capacidad las plantas de energía eléctrica del sector público, y que todo esto se traduzca en ofrecer a consumidores, empresarios y comerciantes precios más bajos de gasolinas, diesel, gas y energía eléctrica.
Asimismo, pretendemos terminar con las prácticas monopólicas; buscamos que haya competencia y se eviten los precios exagerados en bienes y servicios; abolir los privilegios fiscales; limpiar al gobierno de corrupción y acabar con la impunidad; instaurar la austeridad republicana para eliminar gastos superfluos y liberar fondos al desarrollo; democratizar los medios de comunicación; garantizar libertad en los sindicatos y el voto secreto en la elección de dirigentes; asegurar que el salario mínimo aumente por encima de la inflación; sacar de la pobreza extrema a 15 millones de mexicanos; evitar que nadie padezca por hambre o desnutrición; garantizar el derecho a la educación gratuita y de calidad en todos los niveles escolares, atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social, pensión para todos los adultos mayores y discapacitados; proteger la naturaleza y el medio ambiente; enfrentar el problema de la inseguridad pública, creando un ambiente de progreso y bienestar, con oportunidades para todos y garantizando el empleo a los jóvenes.
Cuidando que los encargados de la seguridad pública y la procuración de justicia sean ciudadanos de inobjetable honestidad; mejorando los sueldos y las prestaciones en todas las corporaciones policiacas; creando una policía nacional bien adiestrada y moralizada que nos permita retirar gradualmente al ejército de las calles; respetar los derechos humanos y atender a los familiares de las víctimas; hacer a un lado la obsesión de querer enfrentar la violencia con la violencia y hacer realidad el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia; recuperar al Estado, ponerlo al servicio de todos y mantener su carácter laico para garantizar la libertad de consciencia y las prácticas religiosas sin preferencias ni rechazos de ninguna índole; auspiciar la creación de una nueva corriente de pensamiento, que fortalezca valores culturales, morales y espirituales; procurar que las riquezas de la Nación y el fruto del trabajo de los mexicanos se distribuya con justicia y nunca más permitir que los privilegios de pocos se sustenten con la opresión y en la miseria de muchos.
Estimado Papa Benedicto XVI:
Este Proyecto Alternativo de Nación lo queremos convertir en realidad, con entrega y llenos de esperanza, millones de mexicanos sin distinción de creencias, orígenes étnicos o clases sociales.
Le aseguro que las mujeres y los hombres de MORENA, sin pretender ser poseedores de la verdad absoluta y sin creernos infalibles, actuamos de buena fe y desprovistos de odio. Tenga la confianza de que somos gente con ideales, principios y con un sincero y profundo amor al pueblo, en especial a los más pobres.
Le deseamos de todo corazón que su estancia en nuestro país sea fructífera y feliz.
Atentamente,
Andrés Manuel López Obrador
Precandidato a la Presidencia de la República
Por la Coalición Movimiento Progresista
