La propuesta de reforma electoral ("Plan B") impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que incluía cambios a la revocación de mandato para aparecer en las boletas electorales de 2027, sufrió un revés significativo en el Senado mexicano debido a la negativa del Partido del Trabajo (PT), aliado clave de Morena, lo que evidenció una fractura interna en la coalición oficialista.
El golpe vino desde dentro de la propia coalición, ya que el PT —aliado de Morena— se negó a respaldar la propuesta, alineándose en este punto con los partidos de oposición, lo que terminó por frenar la intención de adelantar el ejercicio de revocación.
Con esta decisión, se mantiene el esquema vigente, por lo que la revocación de mandato presidencial continuará programada hasta 2028, como lo establece actualmente la Constitución.
El resultado evidenció que el PT ya es parte de la oposición, que sus intereses particulares están por encima de un mandato no solo presidencial, sino del pueblo de México.
Aunque el llamado “Plan B” fue aprobado en otros aspectos —como la reducción de regidores en ayuntamientos mediante el establecimiento de límites, recortes al presupuesto de congresos locales, así como la disminución de percepciones y eliminación de privilegios para funcionarios electorales—, el rechazo a la revocación representa una derrota política significativa para el gobierno de Sheinbaum, que no logró imponer uno de los ejes centrales de su reforma electoral.
El PT confirmó que su partido no apoyaría los cambios propuestos a la revocación de mandato, específicamente la intención de moverla o vincularla a los comicios de 2027, pieza central de la estrategia.
Ante la falta de mayoría calificada para una reforma constitucional, Morena intentó aprobar modificaciones en leyes secundarias (Plan B), pero la postura del PT sepultó la posibilidad de realizar la revocación en 2027, posponiéndola, según reportes, para 2028.
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