Así como se aprobó la reforma al Poder Judicial de la Federación para que jueces ministros y magistrados sean electos por el voto ciudadano, ahora las baterías estarán puestas en todas las reformas constitucionales del "Plan C" que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de La Unión y las propuestas por la presidenta Electa Claudia Sheinbaum.
Si aún persiste el PRI, PAN y MC en mantenerse en una posición contraria, significaría para la oposición su harakiri político.
Debe recordarse, que todas las enmiendas que ha enviado la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, tienen la finalidad de seguir ampliando los derechos de las y los mexicanos, como la reforma para que las mujeres de 60 a 64 años reciban una pensión previa a la de la persona adulta mayor y que todas las niñas, niños y adolescentes del país de escuelas públicas de educación básica reciban una beca. Sería una locura que la oposición vote en contra.
En esta LXVI Legislatura, que acaba de iniciar, aprobar todas las reformas que impliquen ampliar los derechos sociales del pueblo de México, es vital.
Entre las reformas que deberán ser atendidas de inmediato, destaca, reconocer a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con respeto irrestricto a sus derechos humanos.
La enmienda, implica que la Federación, las entidades federativas y los municipios deben adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Constitución Política, con el propósito de eliminar discriminación, racismo, exclusión e invisibilidad de las que sean objeto las comunidades y pueblos indígenas y afroamericanos.
A grandes rasgos, lo que el Plan C debe concretizar.
1. Reforma al Poder Judicial
Propone que las personas que se desempeñen como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como magistrados, jueces y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal sean electos mediante el voto popular en las urnas. Plantea topar los salarios de los integrantes del Poder Judicial y reducir los integrantes de la SCJN y el periodo de su encargo.
2. Reforma al sistema político
Se plantea la posibilidad de eliminar los 200 diputados y 64 senadores plurinominales; elegir mediante voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, y reducir a la mitad el financiamiento ordinario a los partidos políticos.
3. Órganos autónomos
A través de una reforma administrativa amplia, se contempla desaparecer a órganos autónomos como el INAI, el IFT y la Cofece, y que sus funciones serían absorbidas por diversas dependencias federales. También se suprimirían organismos como el Coneval, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y el Sistema de Mejora Continua de la Educación.
4. Cambios al sistema de pensiones
Con el proyecto se busca revertir las reformas a las pensiones aprobadas en 1997 y 2007 por los presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, subir el monto mínimo al que tienen derecho las personas jubiladas y crear desde la Carta Magna un fondo semilla, como el recién creado Fondo de Pensiones para el Bienestar, por más de 64,000 millones de pesos para financiar las pensiones.
5. Pueblos indígenas y afromexicanos
Se reconoce en la Carta Magna a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de su derecho a la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
6. Electricidad como sector estratégico
La reforma recomienda darle nuevamente el rol de empresa pública estratégica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Además, busca que la Ley de la Industria Eléctrica indique cómo las privadas actuarán en el sector, y que estas operaciones sean siempre con menor participación que las de las paraestatales.
7. Cambios en la Guardia Nacional
Se busca reconocer la Guardia Nacional como una fuerza policial de carácter permanente y adscribirla a la Secretaría de la Defensa Nacional. La reforma “tiene el propósito de brindar un marco jurídico que otorgue certeza a la participación auxiliar, extraordinaria y complementaria de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, a fin de hacer frente a la violencia e inseguridad generadas, principalmente, por el crimen organizado”.
8. Sistema de salud universal
El proyecto contempla el establecimiento de las bases para crear un sistema de salud que garantice la atención médica integral, universal y gratuita, que incluya estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos necesarios.
9. Tope a los salarios y austeridad
La reforma plantea una nueva redacción para evitar que ningún funcionario público efectivamente gane más que la persona titular de la Presidencia de la República, tal como está establecido en la Carta Magna desde 2009. También busca incluir reglas de austeridad para “prohibir la contratación o adquisición de bienes o servicios innecesarios o superfluos, es decir, artículos de lujo, suntuosos o que no sean esenciales y, por ende, sean prescindibles”.
10. Salario de profesores, policías y enfermeras
Se contempla el blindaje salarial para varias profesiones y labores que están dentro del servicio público, entre ellas personas dedicadas a la docencia, personal de seguridad, médicos y enfermeras. Para ello, el proyecto considera una remuneración mensual mínima de 16,777 pesos para cualquiera de dichas ocupaciones, lo que equivale al salario promedio registrado en el IMSS en la actualidad.
11. Reconocimiento de los programas sociales
El proyecto propone elevar a rango constitucional programas sociales como el de la pensión para personas con discapacidad; la disminución de la edad para beneficiarios de la pensión para adultos mayores; las becas para estudiantes y sembrando vida, entre otros.
12. Programa de aprendices
Se eleva también a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que gestiona la Secretaría del Trabajo, con el que se brinda capacitación laboral en empresas a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan durante 12 meses, esto como una vía para el desarrollo de habilidades e incorporación al mundo del trabajo.
13. Cerco contra el fentanilo
Se castigará con cárcel la producción, preparación, venta, compra, importación, exportación, transportación y distribución del fentanilo y todas las drogas sintéticas, todo esto “con la finalidad de prevenir y combatir dichos delitos que han aumentado, y con ello, garantizar la paz, seguridad, salud y continuar con acciones en beneficio de la población”.
14. Vapeadores y cigarrillos electrónicos
Se prohíbe la producción, distribución y venta de cigarrillos electrónicos, vapeadores y cualquier aparato similar. “Está demostrado que su uso como sucedáneo de los cigarros y cigarrillos produce todavía mayores riesgos de salud en un periodo más corto, que impacta a las personas usuarias”, expresa el Primer Mandatario en el proyecto.
15. Acciones sobre maíz, agua y fracking
El proyecto prohíbe el maíz transgénico en suelo nacional, tanto para siembra como para consumo humano. Blinda el consumo de agua para uso doméstico e impide otorgar concesiones de uso de agua en zonas con baja disponibilidad del vital líquido en cantidad y calidad. Se prohíbe también la extracción de hidrocarburos a través del fracking.
16. Protección animal
Con la reforma se eleva a rango constitucional la prohibición del maltrato a los animales y se faculta al Congreso de la Unión para que emita las leyes que unifiquen los criterios en todo el país en esta materia. Esto abarca reglas para crianza y aprovechamiento de animales para el consumo humano.
17. Trenes de pasajeros
Se establece que los 18,000 kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga, se utilicen también para trenes de pasajeros. Para ello se le da la facultad al Ejecutivo de autorizar permisos y dar concesiones a empresas que ofrezcan estos servicios.
18. Vivienda
Con los cambios propuestos se busca ampliar las facultades del Infonavit para que también pueda construir viviendas y ofrecer esquemas de arrendamiento a los afiliados.
Cabe mencionar, que uno de los reclamos de las personas trabajadoras es que no cuentan con viviendas disponibles a precios justos y tampoco cuentan con opciones formales de arrendamiento. Para la clase trabajadora, esta realidad los excluye del ejercicio de sus derechos en vivienda pese a su contribución al Infonavit.
Esta iniciativa busca ampliar el mandato del fondo nacional de la vivienda para que pueda construir vivienda para que los trabajadores puedan rentar a precios accesibles”, expresa Andrés Manuel López Obrador en el documento.
Si la oposición continúa votando en contra, ante estas iniciativas de reforma, la población se cobrarán tal osadía en las urnas electorales y podría determinar el futuro inmediato de los partidos de la oposición de desaparecer o mantenerse en la escena política.
No hay mañana, ni tiempo para titubeos y pretender convencer a la población con nacionalismos caricaturescos, ya no le alcanza a la oposición.
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