La desaparición de fideicomisos impactará
directamente a los ciudadanos, de manera positiva, liberándose recursos para
atender la crisis causada por la pandemia del COVID-19 y al mismo
tiempo se avanzará de manera clara en fortalecer la Transparencia y Rendición
de Cuentas.
No podemos ignorar, que los fideicomisos se han caracterizado
por ser poco transparentes, lo que ha derivado a ser poco confiables.
Sin lugar a dudas, un gran número de fideicomisos se
crearon utilizando actividades sensibles de la sociedad como Protección Civil,
Médicos, Medio Ambiente, ciencia y tecnología, derechos humanos, discapacidad, entre
otros.
Pero la verdad de las cosas, lo fundamental radica si
en verdad los recursos que se destinaban a cada fideicomiso, no solo cumplían
su función y coadyuvaban de manera eficiente en sus tareas prioritarias por las
que fueron crearon, sino además, si eran transparentes y rendían cuentas en
tiempo y forma.
La respuesta era que no, ni eran transparentes, ni se
cumplía con cabalidad con las actividades que decían defender. Ahí radica el
problema.
Al ser opacos y poco transparentes, los fideicomisos dieron
lugar a que se incrementará los niveles de corrupción, un hecho que en los
gobiernos anteriores se agudizo de manera escandalosa.
Hoy quienes mantenían el control sobre los
fideicomisos, defendieron a capa y espada su existencia y dieron lugar a una
batalla sin precedentes, buscando mantener a toda costa esos “privilegios”,
obtenidos en sexenios pasados. Todos dicen coadyuvar a favor de la ciudadanía;
sin embargo, no rendían cuentas.
Desde el 2007 se dio a conocer de la forma tan
escandalosa que se incrementaron los fideicomisos y de la falta de
transparencia y su nivel de opacidad. En los años recientes, estos continuaban y
era preciso tomar medidas al respecto y canalizar los recursos a prioridades de
la nación.
La extinción de fideicomisos y fondos públicos sin
estructura representan al menos 250 mil millones de pesos que se usarán para
enfrentar la crisis derivada de la pandemia del COVID19.
Estos recursos se destinarán, principalmente, para
garantizar la entrega de los programas sociales; para la reactivación económica
y generación de empleos; para proteger a Pemex; y para deuda externa, rubro al
que se le destinará la mayoría de los recursos para ese concepto, para que no
se incremente.
No podemos olvidar, que la extinción de los
fideicomisos y fondos públicos se realizó en sintonía con la Ley de Austeridad
Republicana, en el cual plantea la extinción de fideicomisos y fondos que no se
consideren estratégicos o que no requieren modificaciones legales, hay unos
creados por ley y esos no se pueden eliminar por decreto, pero hay muchos que
están constituidos desde hace un tiempo por acuerdo, por decreto del Ejecutivo,
acuerdos de Hacienda o de los presidentes.
Hoy el Gobierno Federal debe asumir el control de la
transparencia y rendición de cuentas, de dirigir los recursos a las
prioridades del país y coadyuvar de manera eficiente y plena en las actividades
estratégicas que demanda la sociedad.
Pero ojo, los apoyos que se brindaban a ciertos
sectores de la sociedad, seguirá, fluyendo, ya no como fideicomisos, sino por
vía presupuestal. Esto que quiere decir, que el objetivo de esta eliminación, es
revisar y transparentar los recursos en estos fideicomisos, por lo que estos
apoyos seguirán llegando a los beneficiarios, pues en vez de llegar por vía de
los fideicomisos, lo harán por vía del Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) cada año, generando las condiciones propicias para su transparencia y
rendición de cuentas.
Quizá la duda que podría presentarse en la designación
de los recursos vía presupuestal es si, tras las necesidades que se tienen por
la emergencia sanitaria y la falta de ingresos por un menor dinamismo
económico, alcanzarán los recursos. Esto implica que de entrada, el Gobierno
Federal deberá apretarse aún más el cinturón, con el fin de parar las
actividades sustantivas del gobierno y avanzar con paso firme en la
reactivación económica, que permita generar mejores condiciones para todos.
Hay que tener en cuenta que los recursos que están en
fideicomisos, la mayoría de las veces, son para financiar proyectos de
investigación, de más de un año. Entre los fideicomisos que se extinguirán de
acuerdo al decreto aprobado el martes están: el Fondo Institucional del Conacyt
(FOINS); los fondos mixtos de Fomento a la Investigación Científica y
Tecnológica para las entidades federativas; el fondo del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Colegio de la Frontera Norte;
Instituto de Ecología; Fondo Metropolitano; el Fondo para el Cambio Climático;
el fondo para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y
periodistas, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, y el Fideicomiso
Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE).
Quienes ahora, trabajan con recursos de estos
fideicomisos tendrán que terminar con las obligaciones del ejercicio 2020, lo
concerniente al presupuesto de los fideicomisos será a partir del 2021, los
recursos al regresar a una bolsa general, ya no regresarían para los objetivos
para los que fueron creados, se concentrarán en los programas prioritarios del
actual gobierno.
Que habrá de hacerse de manera inmediata, pues se
buscará la creación de fondos para no afectar a investigadores, cineastas,
artistas, deportistas y periodistas, entre otros por la desaparición de los fideicomisos.
Es aquí donde el Gobierno, tendrá que tener la
capacidad de generar las condiciones necesarias para dar seguimiento puntual a
la aplicación de los recursos, fortaleciendo la transparencia y rendición de
cuentas, así como exista los instrumentos jurídicos y normativos necesarios
para conocer con precisión el origen y destino de los recursos.
Cabe mencionar, que la extinción de los primeros fideicomisos,
se logro obtener 55,000 mdp, los cuales se canalizaron a proyectos prioritarios
como el Tren Maya, además de programas de créditos a pequeños y medianos
empresarios por 25,000 pesos cada uno.
En cuanto a los 109 fideicomisos que han sido
aprobados para su extinción en la Cámara de Diputados, el dinero liberado puede
utilizarse para comprar vacunas contra el Covid-19. Así como, ya se había
mencionado para garantizar la entrega de los programas sociales; para la
reactivación económica y generación de empleos; para proteger a Pemex; y para deuda
externa.
